Esta tarde, abogados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, por instrucciones del Pleno de la Cámara de Diputados, interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de Controversia Constitucional contra el Congreso de Tamaulipas.
La querella es por considerar que el acuerdo avalado el pasado 3 de marzo por los legisladores Tamaulipecos, y que pretende "jalar" el caso del gobernador de esa entidad Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en caso de que se determine procedente su desafuero, "invade atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados en el procedimiento de Declaración de Procedencia".
La demanda fue firmada por la diputada Dulce María Sauri Riancho, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados.
Ayer, el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó por 285 votos a favor, 77 en contra y 46 abstenciones, promover la demanda de Controversia Constitucional.
Las y los diputados federales consideraron que el Congreso del Estado de Tamaulipas no puede llevar a cabo un nuevo procedimiento de declaración de procedencia, ya que ello implicaría dejar sin efecto el procedimiento substanciado ante la Cámara de Diputados, situación que no es posible "porque dicho procedimiento no puede quedar ocioso ni resultar intrascendente, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina, con mucha claridad y sin interpretación alguna, que las resoluciones emitidas en las declaraciones de procedencia son definitivas e inatacables".
En dicha demanda, se solicita que las y los ministros de la Suprema Corte otorguen la suspensión del acto reclamando, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan y no se aplique el respectivo Acuerdo.
