Castigar con prisión preventiva oficiosa la defraudación fiscal, el uso de facturas falsas y el contrabando, es inconstitucional, declaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El pleno de ministros consideró por mayoría calificada de 8 votos que el decreto publicado el 8 de noviembre del 2019 contraviene la Constitución Política, por lo que representa un exceso calificar este tipo de delitos como amenazas contra la seguridad nacional.
Dicho decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, en materia de declaración fiscal y comprobantes fiscales apócrifos.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición, en virtud de los delitos fiscales no constituyen un riesgo para la integridad del Estado Mexicano.
Las Ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat, así como el Ministro José Fernando Franco, argumentaron que estas conductas delictivas sí impactan en la seguridad nacional, pues datos oficiales muestran que en los últimos cinco años se han facturado operaciones inexistentes por más de 2 billones de pesos, cifra que representa entre 3 y 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que demuestra que estas empresas consuman un daño patrimonial al Estado Mexicano; también señalaron que otras medidas implementadas no han podido limitar estas prácticas ilegales, pues por el contrario, se han incrementado.
Por su parte, el argumento del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, fue que dictar prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal violaría los derechos humanos de las personas señaladas.
Añadió que dicha medida sólo puede ser cuando hay peligro de sustracción de la persona o pueda destruir pruebas, y no está permitido establecer el peligro del sujeto ni el delito.
Ministros que votaron por la inconstitucionalidad de la reforma para combatir a las factureras:
- Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
- Juan Luis González Alcántara
- Lusi María Aguilar Morales
- Jorge Mario Pardo Rebolledo
- Norma Lucía Piña Hernández
- Alberto Pérez Dayán
- Arturo Zaldivar Lelo de Larrea
- Javier Laynez Potisek
Ministros por la constitucionalidad de la reforma:
- Yasmín Esquivel Mossa
- Ana Margarita Ríos Farjat
- José Fernando Franco González (ponente)
LRL
