En el Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se detectó un “modelo criminal” en complicidad de trabajadores en activo, exfuncionarios, abogados particulares y la Junta Laboral Federal para incrementar, de manera ilegal, las pensiones a través de laudos, lo que implicó daño al erario por más de 15 mil millones de pesos.
Armando Ocampo, procurador de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), reveló lo anterior en la conferencia de prensa matutina, al informar que se han presentado 57 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde fueron denunciadas tres mil 233 personas.
Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, agregó que han sido abiertas 17 carpetas de investigación judicializadas contra 27 personas, y cinco han sido vinculadas a proceso penal por parte de los jueces de la causa.
Expuso que se detuvo el pago ilegal de pensiones por siete mil 153 millones de pesos y evitó el cobro ilícito de éstas en mil 398 cheques por mil 188 millones de pesos.
“Esto ha derivado al día de hoy en 17 carpetas de investigación que ya han sido judicializadas ante el Poder Judicial Federal, lo que implicó que ya directamente 17 personas en breve estarán enfrentando un procedimiento de tipo penal. Ya en lo particular, cinco personas han sido vinculadas y enfrentar el proceso penal por estas actividades ilícitas ante el Poder Judicial federal.
“Y también comentar que se frenó particularmente el pago ilegal de pensiones en el orden de siete mil 153 millones de pesos y de la mano con ello también se evitó el cobro ilegal de pensiones de mil 398 en cheques que era inminente su entrega de forma irregular y se lograron asegurar, proteger también el patrimonio del Instituto en mil 88 millones, que sumados a los siete mil 153 significa un ahorro y protección al patrimonio alrededor de ocho mil 341 millones de pesos”, detalló.
Dijo que también se han hecho 714 acciones contra empresas mediante visitas, auditorías y procedimientos fiscales, así como de investigación financiera, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal, el IMSS, Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), entre otras.
