Poder Judicial alista su propio debate de la reforma

Con el objetivo de crear un espacio de reflexión y análisis sobre los temas centrales de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que se discutirá en el Congreso de la Unión, la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ) alista un debate interno que se dará en medio de la división entre sus integrantes.

Así, las Jornadas Nacionales “La Reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura” se centrarán en la discusión de las cargas de trabajo a las que se enfrentan.

En entrevista con La Razón, Lilia Mónica López Benítez, magistrada del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), indicó que la iniciativa de reforma propone sustituir a la Judicatura, al dividirla en un Tribunal de Disciplina Judicial y en un Órgano de Administración Judicial, por lo que la propuesta de división se centra sólo en las funciones de disciplina y administración, pero pierde de vista las labores de vigilancia, inspección, contraloría e investigación.

“La ciudadanía, puede presentar quejas o denuncias en contra de personas servidoras públicas de la Judicatura Federal, mediante un buzón disponible en Internet, por lo que, contrario a lo que señala la exposición de motivos, no se trata de una facultad reservada para la Suprema Corte, sino para toda persona interesada”, resaltó.

De acuerdo con fuentes del PJF, la reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador a este organismo no ayudaría a acelerar la resolución de los casos en seis meses, como lo plantea, pues no propone una solución a la carga de trabajo anual que tienen cada año Juzgados Ordinarios de Distrito, así como Tribunales Colegiados de Circuito y de Apelación.

Mencionaron que, en el 2023, el órgano jurisdiccional documentó un millón 474 mil 355 asuntos, mientras el número de titulares fue de mil 237 y, al final del 2026, que es hasta donde se puede tener una proyección segura, deberían atender dos millones 34 mil 77 asuntos con el mismo número de titulares.

Es decir, pasaría de mil 192 asuntos que atienden actualmente cada uno de los servidores públicos, a mil 644 en el 2026, lo que representa 38 por ciento más, y esta situación se traduciría en un rezago que impactaría a los justiciables.

De hecho, las jornadas que se llevarán a cabo los días 12, 14 y 16 de agosto en las sedes de las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y/o en las extensiones regionales que tiene la Escuela Federal de Formación Judicial en todo el país, tiene entre sus objetivos principales la elaboración de un esquema interior del PJF que retrate los aspectos que se están dejando fuera de la reforma, debido a que, consideran, se está dando una enmienda que no solucionará problemas de raíz de este poder.

En contraparte, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado de Veracruz, consideró que los aspectos vertidos en los diálogos recién hechos por legisladores dejan ver que el PJF, específicamente desde su postura, tendrá un impacto positivo.

“En Veracruz tenemos una gran oportunidad para iniciar un proceso de autocrítica, reflexión y aprendizaje, reconociendo los aciertos y desaciertos que permitan ser una institución mejor. Se ha avanzado conforme a las necesidades y demandas de la sociedad, buscando combatir la corrupción, modernizar la justicia y acercarla a los ciudadanos”, expuso.

La división de posturas es también clara en las altas esferas del sistema de justicia. Entre los personajes que ya dan su aval a la reforma destacan las ministras de la SCJN Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel; también el vicefiscal general de la República, Óscar Bernache; el ministro en retiro Arturo Zaldívar; los consejeros Bernardo Bátiz y Eva Verónica de Gyvés Zárate, y el magistrado Rafael Guerra Álvarez.

En contra destacan la presidenta de la Corte, Norma Piña, y los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Pontisek, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Luis Aguilar Morales, además de otros integrantes del CJF.

Entre los neutros se identifica al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la jueza Juana Fuentes Velázquez y el secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF, Jesús Gilberto González Pimentel.

El 29 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió “no dilatar” la elección popular de jueces, después de que ministros de la Suprema Corte y consejeros de la Judicatura pidieron que, si se aprueba la reforma judicial del mandatario, se aplique de manera gradual.

“Hablando en el argot de los abogados, (pido) no aplicar táctica dilatoria, no esperar a que se vaya el tiempo”, declaró, durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones del Ejecutivo ocurrieron justo después de que durante el primero de los foros de debate de parlamento abierto en el Congreso de la Unión, respecto a la reforma judicial, algunos integrantes de este poder pidieron que los cambios se hicieran de forma escalonada, momento en el que se comenzó a tomar dos bandos: el que quiere reforma y el que se niega rotundamente.