La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) fueron ordenadas por el Poder Judicial de la Federación para acreditar en 24 horas haber realizado los trámites y gestiones ante la OCDE para garantizar la realización de la Prueba Pisa y, agregando que de incumplir, se impondrá una multa de 100 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Derivado de un amparo presentado por Educación con Rumbo el Poder Judicial de la Federación ordenó mediante una suspensión definitiva a la Secretaría de Educación Pública y Mejoredu llevar a cabo todos los trámites y gestiones a fin de garantizar que se realice la Prueba PISA en México en el 2025.
El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz Gómez, refirió que el Poder Judicial ha iniciado el proceso para hacer cumplir sus determinaciones.
“Lo cual resulta urgente y necesario para salvaguardar el derecho humano a la educación, considerando que el impacto de no llevar a cabo la prueba afecta de manera directa a 24 millones de estudiantes y 1 millón de docentes, al privarlos de contar con un diagnóstico objetivo del estado que guarda la educación en México”.
Paulina Amozurrutia, Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo precisó que resulta “muy delicado que mientras en diversos países de la OCDE se han iniciado los trabajos de arranque y pilotaje de la Prueba Pisa, en México la Sociedad Civil y el Poder Judicial están exigiendo a las autoridades llevar a cabo los trámites para asegurar que la Prueba Pisa”.
Advirtió que es importante que “se realice en el ejercicio 2025 a fin de que la siguiente administración cuente con los parámetros técnicos para elaborar el Programa Sectorial de Educación 2024-2030 con la participación de la Sociedad Civil”.
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