Jueces y magistrados del Poder Judicial respondieron a la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a sus declaraciones sobre la suspensión de la reforma judicial, emitida por la jueza Nancy Juárez Salas, que ordena retirarla del Diario Oficial de la Federación.
Señalaron que Sheinbaum “podría estar mal informada”, lo que explicaría sus comentarios sobre la falta de notificación oficial.
Hay dos caminos: recurrir la decisión o cumplirla
Durante la recién inaugurada conferencia matutina del Poder Judicial, el magistrado Juan José Olvera aclaró que la jueza Nancy Juárez Salas notificó a todas las partes implicadas, como es procedimiento habitual en los juicios.
“Si la presidenta Sheinbaum menciona no haber recibido la notificación, es posible que formalmente no se la hayan entregado, pero ya se dio por enterada y ha comentado el tema varias veces”, afirmó. “Quizás reacciona sin conocer los términos exactos de la decisión judicial”, agregó.
Olvera destacó que la suspensión otorgada por la jueza implica que la reforma no puede avanzar hasta que se resuelva su constitucionalidad. “Como en cualquier juicio tiene dos caminos: o la recurre o la cumple y lo que haga fuera de estos dos mecanismos es, ni más ni menos que una opinión de la parte que ha perdido”, indicó el magistrado.
A los jueces les corresponde la última palabra, afirma
El magistrado enfatizó que, aunque los poderes Ejecutivo y Legislativo tengan opiniones legítimas sobre la reforma, “no son los jueces, y no les corresponde la última palabra". Reiteró que "es el momento de los jueces” para decidir si la reforma cumple con las garantías individuales de las mayorías y minorías. “Si se considera constitucional, todos tendremos que acatarla”, añadió.
Asimismo, Olvera recordó que, en el pasado, cuando el movimiento de la Cuarta Transformación era oposición, se presentaron amparos similares. “Ahora intentan invalidar estos procedimientos amparándose en el artículo 61 constitucional”, señaló.
Finalmente, el magistrado subrayó que si se impugnan las decisiones, seguirán los mecanismos de revisión establecidos por el Estado de Derecho, incluido el juicio de amparo.
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