Concede suspensión a padres de familia

Juez condiciona impresión de libros a que SEP pruebe consultas

Autoridades deben comprobar que hicieron consulta y revisión del material para seguir edición; en caso de incumplir con la legislación educativa, deben frenar el proceso

La resolución de la jueza sobre los libros de texto gratuitos, no frenará la impresión.
La resolución de la jueza sobre los libros de texto gratuitos, no frenará la impresión. Especial

La producción de los nuevos libros de texto gratuitos que la Federación busca entregar para el próximo ciclo escolar, como parte del nuevo modelo educativo, sólo podrá continuar hasta que se corrobore el cumplimiento del marco legal que exige la participación de los gobiernos estatales y expertos en la materia para su diseño.

Así lo condicionó la jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, al conceder ayer una suspensión definitiva a la organización Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), que demandaba frenar la impresión y distribución de los libros por estar en desacuerdo con algunos temas que aborda y contener errores gramaticales.

En la resolución, instruyó a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), como autoridades responsables, verifiquen que se hayan observado los procedimientos legales que pautan la determinación de los programas y planes de estudio.

Además, lo que corresponde a la publicitación de los libros de texto gratuitos y garanticen la intervención de los poderes ejecutivos locales y de los especialistas en la materia educativa; “así como de la puesta a disposición de aquellos libros en términos de lo previsto en la ley”.

En el segundo párrafo artículo 23 de la Ley General de Educación se especifica que la Secretaría debe considerar la opinión de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, así como de “diversos actores sociales involucrados en la educación”.

Sin embargo, también exige tomar en cuenta el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales, así como “todo aquello que, en su caso, formule la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación”.

La jueza puntualizó que, de no cumplirse con la legislación educativa, entonces la SEP y Conaliteg deberán frenar la impresión y libros de texto, hasta que se corrobore que hubo una revisión del material por las personalidades indicadas.

“En todos los casos, deberán ponderar la temporalidad para la impresión y entrega de los libros que requiera la ejecución de dichos procedimientos, pues esta suspensión no suspende ni debe impedir la edición y entrega oportuna de los libros de texto para el periodo 2023-2024”, señaló.

Una de las inconformidades principales de la UNPF con los nuevos libros de texto es que se incluyan contenidos sobre educación sexual, puntualmente sobre la diversidad en cuanto a identidad; así como una supuesta carga ideológica de la “Cuarta Transformación” y el hallazgo de errores gramaticales.

Sin embargo, desde la comunidad académica se ha advertido sobre otros factores que han hecho ver a los nuevos contenidos como un proyecto poco adecuado, al menos, para primero de primaria.

Desde diciembre de 2022, La Razón ha dado seguimiento a la planeación y producción de los nuevos libros de texto, cuyas las últimas versiones a las que tuvo acceso, contienen aún “errores” sobre los que se alerta una falta de adecuación para las edades a las que se dirigen.

Según la última evaluación hecha por expertos, los nuevos libros se integran con una redacción poco comprensible para niñas y niños de entre cinco y seis años, a quienes también ya se les expone a conocimientos en materias como matemáticas, física, química, geografía o ciencias naturales, que actualmente se enseñan en grados más avanzados.

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