Un juez federal de Estados Unidos desechó la demanda civil del Gobierno de México que pretendía el pago por la reparación de daños por 10 mil millones de dólares de parte de seis empresas armeras, con el argumento de que el tribunal en Massachusetts no tiene jurisdicción para responsabilizarlas de lucrar con el comercio ilícito de armas en territorio mexicano.
El juez F. Dennis Saylor del Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts determinó que las peticiones para anular el caso por falta de jurisdicción presentadas por seis de las ocho empresas acusadas —Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing, Glock y Strum, Ruger— fueron concedidas.
De esta manera, el caso de la demanda mexicana continuará en contra de las dos empresas fabricantes de armas restantes, Smith & Wesson y la distribuidora Witmer.
Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) adelantó que analizará la posibilidad de apelar la decisión del juez estadounidense, así como explorar otras vías legales para abordar el problema del tráfico de armas.
Saylor resolvió que el argumento del Gobierno no logró vincular a los armeros con los daños por violencia realizados con sus productos vendidos en México.
Señaló que la parte mexicana alega que los acusados vendieron armas a empresas en Massachusetts, que algunas de estas fueron traficadas desde ese estado a México y algunas de ellas fueron empleadas en actividades criminales en territorio nacional.
“Pero el demandante ha fallado en presentar cualquier evidencia que vincula a cada uno de estos eslabones para apoyar su acusación central, eso es, que armas vendidas en Massachusetts eran las mismas armas que finalmente causaron los daños para el demandante”, señaló.
El abogado Jonathan Lowy dijo que “estamos decepcionados con la decisión del tribunal y México está considerando sus próximos pasos”.
En entrevista, dejó claro que “es importante enfatizar que la demanda de México contra un fabricante mayor de armas, Smith & Wesson, y un distribuidor de armas, Witmer, aún están pendientes y no son afectados por esta decisión”.
Añadió que “el caso de México contra los otros acusados aún no se ha acabado; México está analizando la decisión para determinar si apelar, o presentar la demanda en otros estados o tomar otras acciones legales”.
La decisión de Saylor se produce en el contexto de una demanda histórica que buscaba responsabilizar a estas compañías por su papel en el tráfico ilegal de armas hacia México, un problema que ha contribuido a la violencia en el país.
La demanda interpuesta hace dos años, acusaba a las empresas de prácticas comerciales negligentes que facilitan el tráfico, lo que ha llevado a un aumento en la violencia y miles de homicidios.
Según el Gobierno mexicano, se estima que más de 500 mil armas son traficadas ilegalmente desde EU cada año, muchas de las cuales están vinculadas a crímenes violentos en México, y de ellas, 70 por ciento ingresan por la frontera con Texas.
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