El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro otorgó al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) un primer amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que solicita al Gobierno federal aplicar la norma que estaba vigente antes de que entrara en vigor la reforma publicada el 9 de marzo de 2021.
El juzgador manifestó que el decreto reclamado es contrario al derecho a un medio ambiente sano, ya que restringe y modifica los incentivos existentes para la transición energética.
Detalló que la ley incorpora criterios para la asignación y despacho de las centrales eléctricas dentro del mercado eléctrico mayorista que restringe la participación de las centrales eléctricas de particulares.
Esto en beneficio de las operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que no solo tiene consecuencias en el ámbito de la libre competencia y concurrencia sino en el ámbito del derecho a un medio ambiente sano.
“Ahora bien, como previamente fue señalado, si se analiza la ley reclamada como sistema, es posible advertir que incorpora diversos criterios para la asignación y despacho de las centrales eléctricas dentro del mercado eléctrico mayorista (MEM) que, normativamente, restringen la participación de las centrales eléctricas de particulares
“En beneficio de las operadas por la CFE, lo que, como se verá, no solo tiene consecuencias en el ámbito de la libre competencia y concurrencia sino, como se plantea en este caso, en el ámbito del derecho a un medio ambiente sano”.
Gómez Fierro manifestó que un estudio efectuado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por sus siglas en inglés), un escenario en el que se dé prioridad en el despacho de energía y acceso a redes a la energía de la CFE representaría un aumento de emisiones contaminantes de entre 28 y 153 por ciento, así como los costos de generación de energía.
Abundó que una de las principales consecuencias de las disposiciones es desplazar la operación comercial de centrales eléctricas que pueden operar con fuentes de energía más limpia y menos costosa y tendrá como efecto que se limite el despacho de esas centrales impidiéndoles ofrecer su energía.
El juzgador explicó que esto colocaría en una posición privilegiada al suministro de energía eléctrica a partir de centrales eléctricas convencionales que, además de resultar más costosas, operan en su mayor parte utilizando combustibles fósiles que generan el tipo de emisiones.
México se comprometió, en el Acuerdo de París a reducir 22por ciento de los Gases de Efecto Invernadero, 51 por ciento de carbón negro y generar 35 por ciento de energías limpias para el 2024 y 43 por ciento para el 2030.
LRL
