La Fiscalía General de la República (FGR) ratificó su intención de relanzar la teoría del complot en el caso Colosio e implicó al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.
Para ello, aseguró que tiene un “gran acervo de pruebas” que señalan a un segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, ocurrido en 1994, y anunció que va a recurrir al recurso de apelación, después de que un juez federal negó girar orden de aprehensión contra el señalado.
“Sobre el caso del segundo tirador, en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hace veinte días el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR”, señaló la institución.
La FGR dijo que en los actos cometidos el 23 de marzo de 1994 se implica a quien identifica como Jorge Antonio “S”, agente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) asignado a cubrir al candidato presidencial, y quien en realidad es Jorge Antonio Sánchez Ortega, que fue liberado en aquella época, “en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro ‘G’, quien (en aquel momento) era Subdirector Operativo en el propio Cisen” y que, advirtió, fue quien lo rescató en Tijuana, lugar donde ocurrió el magnicidio.
“Las pruebas presentadas por la FGR en contra de Jorge Antonio “S”, demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos”, estableció la fiscalía en un comunicado.
Asimismo, indicó que todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima.
“Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer”, subrayó.
También sostuvo que un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos, en el momento de los disparos, del cual huyó, y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima.
“Un buen número de testimoniales también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima; mientras que también se encuentra debidamente probado que el Cisen de la Secretaría de Gobernación mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”, refirió.
Asimismo, indicó que el video que testimonió el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todas las pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, qaue se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse. Y no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo.
Además, desacreditó a una supuesta testigo de los hechos, cuya implicación se hizo pública este lunes. Señaló que la mujer, identificada como Leticia Ortiz, excompañera de trabajo del primer tirador, el sentenciado Mario Aburto, nunca estuvo en el lugar de los hechos y no atestiguó nada de lo ocurrido.
Afirmó que, en este caso, “el juez llegó hasta el extremo” de emitir consideraciones de orden personal en contra del actual Ejecutivo federal, lo cual “es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance”.
“A pesar de todos estos obstáculos para procurar justicia, la FGR irá al procedimiento de apelación, como lo ha hecho en todos los casos en que ha sido necesario, ya que esta institución confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad, como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio”, concluyó.
