La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) acusó que la reforma al Poder Judicial es un Golpe de Estado técnico, al no garantizar que los perfiles de las personas juzgadoras tengan una preparación especializada o los instrumentos jurídicos para ejercer su labor.
La magistrada Iliana Fabricia Contreras, en conferencia de prensa, denunció "la intervención de dos Poderes del Estado para la desaparición del Poder Judicial de la Federación. Esto rompe absolutamente con el Estado Constitucional de Derecho y con el equilibrio de Poderes que debe de haber en todo Estado democrático".
Señaló que, con el marco constitucional vigente, "podemos estar yendo al camino de una dictadura: un Golpe de Estado con la desaparición del Poder Judicial de la Federación”.
Añadió que habrá un impacto negativo en la economía con la reforma, pues dijo que vulnera tratados internacionales a los que México está suscrito, y por lo tanto, la confianza de los inversionistas interesados en el país; ya que no asegura la imparcialidad de las personas juzgadoras.
La magistrada y directora de la Jufed, Juana Fuentes, hizo un llamado “urgente”, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que asuma su compromiso en la defensa de la independencia judicial.
“Ante ese escenario, hacemos un llamado urgente a la SCJN de asumir con responsabilidad histórica la defensa de la independencia judicial, instamos también a la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los gobiernos democráticos de todo el mundo a condenar este retroceso democrático, que coloca a México de lado de las autocracias”, dijo.
Igualmente, llamó a la comunidad internacional a no permanecer en “silencio” ante el golpe de estado que calificó de “franco y abierto”; además de que advirtió que la reforma judicial aprobada por el Congreso y que entró en vigor el pasado 16 de septiembre, pone en riesgo los acuerdos comerciales del país, principalmente el firmado con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.
“Dicho tratado exige que los países miembros mantengan un sistema judicial imparcial e independiente para resolver disputas comerciales; sin embargo, la Reforma Judicial pone en riesgo esos compromisos, debilitando el marco legal que protege los derechos de todas y todos los ciudadanos y los inversores”, comentó Juana Fuentes.
Por su parte, el magistrado Patiño Chávez calificó como una “simulación” el proceso de elección de las personas juzgadoras que tomará lugar el próximo año en México, por lo que afirmó en un punto personal que no participará en la convocatoria.
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LMCT
