El no haber sacado a tiempo la Ley General de Aguas que requiere el país como lo dictó el decreto de 2012 y para lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una orden al Congreso en 2022, no fue sólo un incumplimiento de sentencia, sino la ausencia de voluntad política, afirmó Braulio López Ochoa, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.
Como uno de los promoventes de las iniciativas que, de haberse dictaminado en San Lázaro hubiera dado pie al nuevo marco normativo que se requiere, aseguró que no se hicieron los esfuerzos que, por ejemplo, sí hubo para sacar adelante otros proyectos en los que incluso eran más complicados por la falta de acuerdos entre bancadas y sectores involucrados, como lo fueron las vacaciones dignas.
“Es muy lamentable. Van más de cuatro legislaturas que han sido irresponsables, con el mismo plazo definido por el propio Congreso, y ante una emergencia climática hídrica evidente… Creo que ese esfuerzo no se hizo en la Ley de Aguas y pues éstos son los resultados. Es un tema más de voluntad política que de cumplimiento de sentencia”, dijo en entrevista con La Razón.
Explicó que la urgencia de contar con una nueva ley es que la vigente en materia hídrica ya no responde a las necesidades del país, ya que la actual Ley de Aguas Nacionales conviene reglas para un país que no veía venir una crisis de agua como la que hoy se tiene.
Aludiendo a los estados que gobierna su partido, cuestionó el porqué en Jalisco y Nuevo León no se habían echado a andar en otros gobiernos los proyectos que hoy abonan al suministro de agua.
Debido a que las iniciativas presentadas “caducarán” al no haber sido dictaminadas, espera que el tema no pierda fuerza en la siguiente legislatura y se logre una mejor propuesta que no derive en más “tiempo desperdiciado”. “Sería interesante comenzar a construir los consensos sobre lo que sí pudiera caminar para que no sea otra vez desde cero”, recalcó.
