El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, se pronunció en contra de la “Ley Bonilla”, que extiende el mandato del gobernador electo de dos a cinco años, y responsabilizó al PAN y al PRI de haberla aprobado por mayoría en el Congreso de Baja California. Así, anunció que en breve la Cámara de Diputados revisará la constitucionalidad de la reforma.
En tanto, la dirigencia nacional del PAN advirtió que no se prestará a terminar “el trabajo sucio”. Por ello, no convocará a sesión del pleno para promulgar la reforma que favorece al morenista.
Delgado consideró que es una modificación que debió haberse aprobado antes de la elección del 2 de junio pasado, porque “en este caso evidentemente el gobernador electo es el beneficiario de la ampliación de este periodo, lo cual pone en duda por qué se hizo esta reforma”.
Aunque destacó: “Yo llamaría la atención que fue una reforma aprobada mayoritariamente por diputados de Acción Nacional, además del PRI, de Morena, pues el Congreso tiene facultades para ello. Habrá que revisar la constitucionalidad de la reforma que aprobó ese Congreso”.
Dijo que hay coincidencias con el senador Ricardo Monreal en el sentido de que no cree que proceda la desaparición de Poderes, “porque es un asunto que tiene que resolver el Senado, por lo que vamos a revisar en la Junta de Coordinación Política (Jucopo)” qué le corresponde hacer a la Cámara en este caso.
Por separado, el secretario general del PAN, Héctor Larios, explicó que la desaparición de Poderes no resuelve el conflicto de fondo, que es “tumbar” la modificación al artículo octavo transitorio de la Constitución local, e insistió que una vez que ésta se publique, el partido procederá con la acción de inconstitucionalidad.
Refirió que la presidenta de la Jucopo del Congreso local, Eva María Vásquez (PAN), no convocará a sesión, pese a las presiones de Morena para promulgar la reforma.
“En todo caso que sea el próximo Congreso, que empieza el 1 de agosto, el que termine esta sucia labor. Nosotros no nos vamos a prestar a hacerles el trabajo sucio”, enfatizó Larios.
El gobernador de Baja California, Francisco Vega, informó por su parte, que promoverá una acción de inconstitucionalidad, porque atenta contra el Estado de derecho, la cual, dijo, es la segunda acción para combatir la decisión del Congreso local y seguir apegado a la voluntad ciudadana.
Sobre el recurso que cobra fuerza, el exministro José Ramón Cossío opinó que cualquier partido tiene legitimidad para promoverlo y con buenas posibilidades de ganarlo, pues existen muchos precedentes en los que se declaró la invalidez de este tipo de modificaciones.
En entrevista radiofónica, tildó de irregular la aprobación de la reforma, ya que existía una resolución del Tribunal Electoral Federal que estableció un lapso de dos años.
El Dato: La iniciativa fue presentada por el morenista Víctor Morán, quien afirmó que se hizo a petición de la ciudadanía y proteger el gasto público.
Explicó que “ahí hay un problema” porque es probable que los 21 diputados que avalaron la reforma incurran en desacato a una resolución judicial, por lo cual tendría que analizarse con mucho cuidado. De confirmarse anomalías en la actuación de los legisladores, podrían perder su puesto.
Mientras tanto, 76 militantes panistas del estado exigieron al líder nacional del PAN, Marko Cortés, la expulsión del partido de los diputados locales que votaron a favor de la llamada “Ley Bonilla”.
Los inconformes, como los exgobernadores Alejandro González y Ernesto Ruffo, propusieron la creación de una Comisión Especial para investigar a los legisladores y los presuntos sobornos, así como a José Luis Ovando, dirigente estatal de Acción Nacional.
Con información José Gerardo Mejía y Magali Juárez
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