La empresa de participación estatal Liconsa, brazo operativo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y dedicada a industrializar leche, desestimó alertas sobre los precios de compra de lácteo hechas por funcionarios de su propia estructura, lo que provocó pérdidas de recursos públicos por más de 293 millones de pesos.
Liconsa no atendió las advertencias sobre la modificación en el precio de leche que sirvió de base para contratar a empresas que se encargarían de producir crema con ella y provocó el desfalco al erario, en beneficio de estas compañías.
Así se pone de manifiesto en el Acta de acuerdos del Grupo Interno de Análisis de Venta de Crema Liconsa, celebrado en febrero del 2020 y con los resultados obtenidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Dicho grupo de análisis determinó modificar el Manual de Venta Comercial de Productos Lácteos, con lo que el precio de litro de crema se vendería en un precio mínimo de 32 pesos 15 centavos en ese año fiscal, a pesar de la advertencias de la titular del Órgano Interno de Control (OIC) de que se fijó un precio promedio de compra de leche de siete pesos con 20 centavos por litro, cuando en realidad se estaba pagando a productores a ocho pesos con 50 centavos y esto representaría un quebranto para la empresa.
Yo quisiera que vieran cuál es el promedio, ya que está por encima de $8.00; reafirmo: no es $7.20. Producción solicitó la homologación a $8.50, no a $7.20”Guadalupe Blanca Leticia
Ocampo García de Alba, Titular del OIC
En la sesión del grupo interno —encabezado por Alejandro de Jesús Kuri Olvera, nombrado directamente por Ignacio Ovalle Fernández, director en ese momento de Segalmex — se aprobó la “excepción a las garantías en la unificación de pago anticipado en todas las plantas, toda vez que va a ser un procedimiento de pago adelantado en el cual va a estar garantizado el máximo de la crema”.
Durante el desarrollo de la sesión, la titular del OIC, Guadalupe Blanca Leticia Ocampo García de Alba, alertó sobre las irregularidades que estaban aprobando en el grupo. Sobre el precio de la leche dijo, conforme al acta de la sesión: “el precio está en 8.50 por litro. Ustedes consideran un precio mínimo de $32.00 en la crema, la empresa va a perder, porque si están considerando los $32.00 como precio mínimo y están considerando el precio de 7.20 en la leche, no está correcto ese cálculo, reitero que va a perder la empresa”.
Incluso, advirtió que el área de producción de Liconsa solicitó que se elevara el precio. “Yo quisiera que vieran cuál es el promedio, ya que está por encima de $8.00; reafirmo: no es $7.20. Producción solicitó la homologación a $8.50, no a $7.20”.
También el gerente metropolitano sur, Aldo Pavón Segura, manifestó su preocupación ante el informe enviado por el área de Administración y Finanzas, a cargo de René Gavira Segreste, hasta ahora el único detenido por los presuntos fraudes contra Segalmex, Liconsa y Diconsa.
“A mí me preocupa ya la mecánica. El comité tiene una función decisoria y obviamente nosotros tenemos derecho a voto y asumimos esta responsabilidad. Lo hacemos sobre la base de información que nos es provista por áreas que se supone tienen expertise necesario; además, una responsabilidad por la información que emite”, expuso.
A pesar de las advertencias, el precio se fijó en 32 pesos con 15 centavos por litro de crema y sólo la vocal suplente de la Unidad Jurídica, Elba Xóchitl Rodríguez Pérez, se abstuvo de votar.
Los beneficiarios de estas modificaciones fueron el empresario Carlos García Novoa, la empresa Distribuidora Mexicana Agronómica y la Comercializadora de Productos Lácteos La Laguna, entre otras.
El comité tiene una función decisoria y obviamente nosotros tenemos derecho a voto y asumimos esta responsabilidad. Lo hacemos sobre la base de información que nos es provista por áreas que se supone tienen expertise necesarioAldo Pavón Segura, Gerente metropolitano sur
Durante la fiscalización a la Cuenta Pública del 2020, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se “presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de Liconsa, S.A. de C.V., por un monto de 293 millones 496 mil 941 pesos, por pagos realizados sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la recepción de los servicios asociados al proceso de producción de productos lácteos y derivados lácteos, objeto de los Convenios Generales de Colaboración celebrados con las personas morales Grupo Vicente Suárez 73, por 140 millones 779 mil 841 pesos; Distribuidora Mexicana Agronómica, por un monto de 51 millones 226 mil 444 pesos; Pasteurizadora MAULEC, por 86 millones 449 mil 480 pesos; Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna, por 10 millones 979 mil 672 pesos, y Agua Embotellada Monterrey, cuatro millones 61 mil 502 pesos, por incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Hasta ahora no hay evidencia de que este asunto se encuentre entre las únicas tres denuncias que, aseguraron fuentes judiciales, se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por quebrantos a Segalmex.
Sin embargo, Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública, aseguró el pasado 29 de noviembre, al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, que la dependencia a su cargo mantenía 661 expedientes de investigación y ya se habían presentado 38 denuncias ante la FGR por las presuntas irregularidades al interior de la dependencia.
