El dirigente de la organización Pueblo Sin Fronteras, Irineo Mujica Arzate, cuyas cuentas bancarias fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabeza la primera caravana migrante con destino a la Ciudad de México, luego de la pandemia por Covid-19.
Se trata de unas seis mil personas que siguen los pasos de Mujica Arzate, un fotógrafo michoacano que en 2019 fue acusado de tráfico de personas por las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), justo cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazaba con cobrar aranceles a nuestro país.
Mujica fue arrestado en 2018, en Tapachula, Chiapas y en junio de 2019, en Sonora, en esta última ocasión por la probable comisión del delito de tráfico de personas. Posteriormente, fue liberado tras decretarse que no había suficiente evidencia para juzgarlo. En respuesta, Mujica acusó al Gobierno federal de silenciarlo para disolver la caravana como favor al ex presidente Trump.
“Hasta el momento, los cargos contra los defensores de derechos humanos no han sido retirados. La Fiscalía General de la República (FGR) ahora puede presentar más pruebas y, en caso de ser declarados culpables en un posible juicio futuro, los defensores de derechos humanos enfrentarían hasta 24 años de prisión”, informa la organización Front Line Defenders.
La organización fundada en Dallas, Texas, en 2009, es miembro de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés). Cuenta con dos albergues en Sonora: en Sonoyta y Caborca.
Mujica ha negado que las caravanas reciban financiamiento tanto de los demócratas como de los republicanos; no obstante, el sacerdote Alejandro Solalinde acusó a Mujica y al activista Luis García Villagrán del Centro de Dignificación Humana A.C., de ser financiados por el gobierno de Estados Unidos para mostrar que el Gobierno de México es represor, así como de pedir dinero a los migrantes para internarlos ilegalmente al país para llevarlos a la frontera norte.
Políticos republicanos han señalado que Pueblo Sin Fronteras ha organizado las caravanas con apoyo de asociaciones financiadas por la Open Society Foundations de George Soros. Mujica y su organización cuentan con apoyo de asociaciones de derechos humanos y la comunidad académica, los cuales han señalado que el Gobierno mexicano ha promovido la criminalización del grupo y su líder al hacerlos parecer como “coyotes”, en lugar de defensores de migrantes.
Pueblo Sin Fronteras recibe donativos mediante su página web, donde informa que la aportación es deducible de impuestos a través del patrocinador fiscal, Alliance for Global Justice; sin embargo, la base de datos del grupo conservador Influence Watch, señala que los activistas aceptan donaciones a través del servicio de pago compartido Venmo, un servicio de pago móvil propiedad de PayPal.
“Pueblo Sin Fronteras es financiado por Freedom for Immigrants, un grupo de defensa de la inmigración con sede en Oakland, California, que, en septiembre de 2018, recaudó 15 mil dólares para pagar una fianza que liberaba a Valentina Mejía, una migrante salvadoreña y parte de una caravana de 2017, detenida por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos”, refiere la organización.
Según The San Diego Tribune, en 2017, Freedom for Immigrants participó en campañas de apoyo para eliminar los centros de detención de inmigrantes con fines de lucro en California y en ese año habría recaudado 60 mil dólares mediante una fondeadora, según informó La Prensa de Honduras.
“Los republicanos han señalado que Pueblo Sin Fronteras organizó la caravana con apoyo de Catholic Legal Immigration Network, el American Immigration Council, el Centro de Refugiados e Inmigración para Servicios Educativos y Legales (RICELS) y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), algunas de ellos, afirman, financiadas por Open Society Foundations, creada por el financiero y filántropo George Soros”, señaló.
En México, 26 cuentas relacionadas con la organización que encabeza iribeo Mujica fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda durante su detención, en junio de 2019, junto con Cristóbal Sánchez Sánchez.
“Con base en la ruta que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur de México, se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos de América, que son: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa”, describió.
De acuerdo con la información obtenida por la UIF, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, desde Chiapas y Querétaro, un grupo de personas efectuaba operaciones inusuales a distintos países, incluidos algunos contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
A la organización se le ha acusado de restar importancia sobre los peligros de viaje y engañar a los migrantes sobre el tiempo de estancia en México mientras sus solicitudes de asilo son procesadas, además de decirles que, al llegar a Estados Unidos, todo será muy fácil. También ha sido acusada de llevar a los migrantes a enfrentamientos directos con la policía.
En la más reciente caravana, los organizadores pidieron a las personas que quisieran participar, registrarse con un código QR y una liga para inscribirse. Igualmente, la organización informó que tramitaría más de tres mil amparos para los migrantes que participen en las caravanas, pero el INM ha negado que existan esos amparos y pidió a los migrantes no ser sorprendidos con información errónea o documentos falsos.
El pasado 30 de septiembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) advirtió que es imprecisa la información difundida sobre la supuesta interposición de entre 500 y más de mil amparos ante juzgados federales con residencia en la ciudad de Tapachula, Chiapas, por parte de las organizaciones civiles Centro de Dignificación Humana A.C. y Pueblo Sin Fronteras.
