El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseveró que a pesar de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, rectificó en su denuncia penal contra los consejeros electorales, ésta prevalece, por lo que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que enmiende el error.
Apuntó que tras las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que el INE continúe con la organización de la revocación de mandato, siguen adelante con el proceso, además de que han mantenido la verificación de firmas.
Las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio y hoy siguen su curso ante la Fiscalía General de la República, ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos claramente inexistentesLorenzo Córdova Vianello<br>Consejero presidente del INE
Indicó que de nueva cuenta harán ajustes presupuestales, sin afectar obligaciones constitucionales ni derechos laborales del INE, y posteriormente harán la solicitud respectiva de recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como lo estableció la resolución del TEPJF.
“Si después de ese nuevo esfuerzo aún hacen falta recursos, éstos se les solicitarán a la SHCP y si los mismos no son entregados, la revocación de mandato se organizará con el presupuesto disponible y sólo con aquellas características y modalidades que puedan fondearse”, subrayó.
En su mensaje dominical, el consejero presidente enfatizó que es grave que en el contexto de la revocación de mandato, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, haya recurrido a denuncias penales para encarcelar a quienes no opinan como él, lo que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios.
Dijo que si bien las opiniones de distintos grupos, organizaciones, políticos y hasta del Presidente Andrés Manuel López Obrador obligaron a Gutiérrez Luna a rectificar, las denuncias en contra de los consejeros siguen vigentes, por lo que ahora le corresponde a la FGR corregir el error.
“Qué bueno que lo haya hecho, sin embargo, las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio y hoy siguen su curso ante la Fiscalía General de la República, ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos claramente inexistentes y que evidentemente sólo tienen propósitos políticos”, manifestó.
Córdova subrayó que esto es “muy grave, se traspasó una frontera que debería ser infranqueable y en la que se sustenta todo el arreglo democrático, se pretendió usar el brazo penal del Estado para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo Estado por el simple hecho de que piensan distinto”.
LRL
