A casi dos meses de que se cumplan 30 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, hoy su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador conceder el indulto a Mario Aburto, señalado como el responsable del crimen.
En entrevista con medios, el alcalde de Monterrey y candidato al Senado por Movimiento Ciudadano exhortó al Ejecutivo federal poner un “carpetazo” al asunto para cerrar la herida, luego de que el tema volviera al escenario público al referir que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaría abrir el caso.
“Apelando a la compasión del Presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto. Que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos… Lo que pido es que se haga justicia, pero si no se puede hacer justicia, mínimo que se empiece con el perdón”, dijo.
El alcalde emecista dijo que esto representaría un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero, sobre todo, el respeto.
Hizo hincapié en que el asesinato de su padre es devuelto a la conversación cada tres o seis años, por lo que pidió que antes de que esto ocurra, los actores que lo hacen deberían explicar “qué es lo que quieren lograr”.
“A dejar esto en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es vuelta a la página”, comentó.
Colosio Riojas se pronunció en contra de la posibilidad de que el asesinato de su padre sea utilizado como materia de la contienda electoral de este año.
“Este asunto ha estado muy manoseado y creo que no es justo para la gente, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política”, comentó el político sonorense.
“No me afecta personalmente, pero es incómodo. Toca figuras un poco más sensibles y es un tema que más adelante tengo que dar la cara a mis hijos, de qué le pasó a su abuelo… Yo lo que pido es que se haga justicia y si no se puede, mínimo que se empiece con el perdón”, declaró.
Será el próximo 23 de marzo cuando se cumplan tres décadas del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fue privado de la vida durante un evento de campaña, como parte de su aspiración presidencial a nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se llevaba a cabo en la colonia Lomas Taurinas, de Tijuana, Baja California, donde un hombre disparó dos veces en su contra.
Mario Aburto fue presentado como el único responsable y ha emprendido una lucha para acusar que al momento de su detención fue torturado e incomunicado por las autoridades.
Juez frena caso Colosio y FGR implica a García Luna
La Fiscalía General de la República (FGR) ratificó su intención de relanzar la teoría del complot en el caso Colosio e implicó al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.
Para ello, aseguró que tiene un “gran acervo de pruebas” que señalan a un segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, ocurrido en 1994, y anunció que va a recurrir al recurso de apelación, después de que un juez federal negó girar orden de aprehensión contra el señalado.
“Sobre el caso del segundo tirador, en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hace veinte días el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR”, señaló la institución.
La FGR dijo que en los actos cometidos el 23 de marzo de 1994 se implica a quien identifica como Jorge Antonio “S”, agente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) asignado a cubrir al candidato presidencial, y quien en realidad es Jorge Antonio Sánchez Ortega, que fue liberado en aquella época, “en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro ‘G’, quien (en aquel momento) era Subdirector Operativo en el propio Cisen” y que, advirtió, fue quien lo rescató en Tijuana, lugar donde ocurrió el magnicidio.
“Las pruebas presentadas por la FGR en contra de Jorge Antonio “S”, demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos”, estableció la fiscalía en un comunicado.
Asimismo, indicó que todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima.
“Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer”, subrayó.
También sostuvo que un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos, en el momento de los disparos, del cual huyó, y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima.
“Un buen número de testimoniales también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima; mientras que también se encuentra debidamente probado que el Cisen de la Secretaría de Gobernación mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”, refirió.
Asimismo, indicó que el video que testimonió el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todas las pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, qaue se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse. Y no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo.
Además, desacreditó a una supuesta testigo de los hechos, cuya implicación se hizo pública este lunes. Señaló que la mujer, identificada como Leticia Ortiz, excompañera de trabajo del primer tirador, el sentenciado Mario Aburto, nunca estuvo en el lugar de los hechos y no atestiguó nada de lo ocurrido.
Afirmó que, en este caso, “el juez llegó hasta el extremo” de emitir consideraciones de orden personal en contra del actual Ejecutivo federal, lo cual “es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance”.
“A pesar de todos estos obstáculos para procurar justicia, la FGR irá al procedimiento de apelación, como lo ha hecho en todos los casos en que ha sido necesario, ya que esta institución confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad, como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio”, concluyó.
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FGR
