Hace seis años, el 17 de mayo de 2013, personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvo en cuatro operativos a 13 personas en la capital de Oaxaca y la Ciudad de México; entre ellas docentes pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y activistas sociales vinculados a este gremio tras ser señalados por el secuestro de dos familiares de Gerardo Gutiérrez Candiani, entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Cinco años, siete meses y 11 días después, el 28 de diciembre de 2018, fueron liberados por desistimiento del Ministerio Público Federal.
El 20 de marzo de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación al entonces comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, para que se inscriba a 12 de los 13 quejosos en el Registro Nacional de Víctimas para la reparación del daño; además, se señaló como comprobado el uso indebido de la fuerza y la exhibición indebida de sus fotografías en medios de comunicación.
Entrevistado sobre el caso, el maestro Gerardo Cruz Esquivel, delegado político de la Sección 9 de la Coordinadora, afirmó que luego de que entró en vigor la Reforma Educativa de Enrique Peña fueron cesados 586 docentes que no se presentaron a las evaluaciones.
El dato: En diciembre pasado, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que cerca de mil docentes por la Reforma Educativa serían reintegrados al sistema magisterial.
“Eran más, como mil 200, pero a cientos se les aplicaron dispensas, por lo que mantuvieron su empleo o fueron cooptados con incrementos salariales”, señaló.
En noviembre pasado, la Comisión Única de Negociación de la CNTE se reunió con el entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a reinstalarlos, “como a los 25 maestros acusados sin pruebas de delitos graves, quienes estuvieron en los penales de Puente Grande, Jalisco; Almoloya de Juárez; Miahuatlán, Oaxaca, y Hermosillo, Sonora”.
Este lunes acudirán a Palacio Nacional, luego de reunirse el viernes pasado con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, quien “ha abierto los canales para que hayan sido reinstalados unos 200 maestros, pero faltan otros 400; esperamos que el Ejecutivo federal cumpla su palabra”, concluyó.
Exige $7 millones y ser reinstalado
Horas antes de ser detenido, Lauro Atilano Grijalva Villalobos era el director de una escuela primaria en el Istmo de Tehuantepec, tenía 45 años, recordó. El 17 de mayo de 2013 acompañó a su cuñada, Sara Altamirano, con el fin de tramitar su registro como candidata a la alcaldía en Jalapa del Marqués, por el PRD, de donde son originarios.
Ambos, junto con otras personas, fueron detenidos y trasladados a la Subprocuraduría Especializada de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), instalaciones en las que, acusó, fue golpeado y torturado antes de ser enviado al Penal de Puente Grande, en Jalisco.
Consideró que es dura tanto la tortura psicológica, como la física, a la que, insistió, fue sometido, “porque nos decían que si no nos inculpábamos iban a acusar también a mi familia; y eso duele más que los golpes”, aunque aclaró: “solo una vez me asfixiaron con una bolsa en la cabeza”.
Además de la reparación del daño, que a su consideración debe ser de alrededor de seis o siete millones de pesos, como ocurrió con los agraviados en el caso de Florence Cassez, según sus datos, el maestro Lauro pidió la reinstalación inmediata en su trabajo, “además debe haber una disculpa del Gobierno federal, aunque sé que esto no se dio en esta administración”.
“El peor día que viví fue como a los seis meses, cuando mi familia intentó visitarme pero no los dejaron porque no demostraron que eran de mi sangre”, se preguntó.
En diciembre pasado, mes en el que lo liberaron cumplió 50 años de edad. Confió en que esta semana, será reinstalado en su cargo, porque “van a entregarme mi orden de presentación y espero que a la brevedad, porque le debo a todos; hasta el abogado”.
Cinco años recluso en Puente Grande
“¿Sabes de qué color es el Diablo?”, preguntó el hombre con tono ríspido frente al grupo de detenidos en las instalaciones de la SEIDO, entre los que se encontraba Leonel Manzano Sosa, activista del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO), vinculado al trabajo político de la Sección 22 de la CNTE.
—Rojo, dijo el presunto secuestrador, quien se encontraba al lado de Manzano Sosa, quien cuenta la anécdota. Una tanda de golpes en todas partes de su cuerpo, afirmó, fue la respuesta a su “equivocación”, varios habían reprobado la pregunta.
—“ ¡Azul, es azul!”, se escuchó balbucear, lo que provocó la sonrisa del oficial, quien asintió. “Así es, el Diablo es azul, yo soy el Diablo y ustedes están en el penal de Puente Grande, que es el chingado infierno”. Manzano Sosa confirmó que sí, que Puente Grande es el infierno, aunque “fui torturado con esos golpes indelebles”, cuando amaneció lo llevaron a rastras a su celda y de ahí a la cárcel.
Comentó que el día de su detención lo rodeó un grupo de hombres sin uniforme, quienes lo subieron a patadas y puñetazos a su vehículo, para presentarlo después junto con “un grupo de personas que nunca había visto” ante los medios de comunicación.
Estuvo detenido cinco años, siete meses y 11 días, por lo que luego de varias notificaciones falsas de que quedaría libre, llegó el 28 de diciembre de 2018, fecha en la que se cumplió la promesa y fue liberado: “a pesar de que nos avisaron dos días antes, creí que era una broma, pero salimos como a las cinco de la mañana de ese día”.
“He sobrevivido con el trabajo social que retomó mi esposa y el apoyo de los compañeros; espero la reparación del daño porque tengo todos mis bienes decomisados y deudas con todos mis conocidos”, aseguró Leonel Manzano luego de repetir que fue víctima de un montaje.
