La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, demandó a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a las autoridades electorales, asumir su responsabilidad política y social para garantizar seguridad en este proceso electoral.
“Es obligación de las autoridades de Gobierno de los tres niveles otorgar garantías a electores y candidatos, no polarizar el ambiente y dejar que la gente decida en libertad, y del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) fungir como árbitros sin sesgo”, dijo.
Agregó: “Porque no se trata sólo de la seguridad, sino también de respetar la legalidad. Los funcionarios deben de mantenerse al margen de participar activamente en la elección”.
Asimismo, dijo que “debe preocuparnos que de septiembre de 2023 a la fecha se hayan contabilizado 44 agresiones contra aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, según informó Integralia; que haya un aspirante agredido cada cuatro días y que sean los aspirantes a cargos municipales los más atacados”.
Mencionó que estados como Guerrero, Michoacán y Chiapas registran mayor cantidad de víctimas, y los “gobiernos estatales deben ofrecer mayores condiciones de seguridad y no pretender se normalice la violencia hacia candidatos”.
Afirmó que también debe llamar la atención el grado de vulnerabilidad que enfrentan las autoridades electorales, y advirtió que preocupa que las juntas locales de los OPLES de Chiapas, Campeche, Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Tamaulipas solicitaran medidas de seguridad para protección a capacitadores electorales y resguardo de material electoral.
“Insistimos en la necesidad de continuar trabajando con el firme objetivo de lograr la convivencia que permita a los mexicanos seguir avanzando en la construcción de un país que ofrezca más y mejores oportunidades para todos. Uno de los principios de la democracia es la imparcialidad para que la cancha sea pareja para todos”, concluyó.
