El Congreso de Veracruz aprobó durante la Décima Primera Sesión Ordinaria, del Primer Periodo de Sesiones, el decreto que reforma el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, que le da a las LXV Legislatura la atribución para remover al fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz.
De acuerdo a un comunicado del Congreso local, la reforma constitucional fue posible gracias a que 132 ayuntamientos avalaron el Decreto, relativo a la adición de una fracción al artículo 33 de la Constitución Política del Estado, que faculta al Congreso a designar y remover al Fiscal General.
Luego de que el diputado secretario de la Mesa Directiva, Jorge Moreno Salinas, diera lectura al informe de la Secretaría General del Congreso en donde se aprueba el decreto, diputados del PAN pidieron un recuento y revisión de las actas de cabildo.
Ya que de acuerdo a los legisladores panistas, la documentación entregada por 72 de los 132 gobiernos municipales que habrían avalado el decreto, presentaba presuntas irregularidades.
Sin embargo, después de hora y media de recontar las actas de los cabildos, el Congreso Local validó el informe de la Secretaría General que respalda la reforma a la Constitución Política local que da atribuciones a los diputados locales para remover al Fiscal General del Estado.
Winckler, sin apoyo del PAN-PRD
Fue así que la LXV Legislatura declaró aprobado en lo general esta modificación constitucional y por ende la remitió al Poder Ejecutivo, para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
De los 132 ayuntamientos que avalaron el decreto, 52 alcaldías de las emanadas por la coalición PAN-PRD estuvieron de acuerdo con la remoción de Jorge Winckler.
Entre los municipios de esta coalición sobresalen Amatlán de los Reyes, Banderilla, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Catemaco, Chacaltianguis, Coatepec, Coatzintla, Colipa, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Cuitláhuac y Espinal.
Solo 10 municipios surgidos también de la coalición PAN-PRD y uno del Partido del Trabajo se pronunciaron en contra del decreto y a favor de que continúe en el cargo Winckler Ortiz
Por su parte, 69 ayuntamientos más, la mayoría también emanados del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, se abstuvieron de manifestarse en cualquiera de las dos posiciones. Al no haberse pronunciado se asume la llamada "afirmativa ficta" (silencios administrativo), con lo que su "silencio" se interpreta como una respuesta afirmativa.
Vale la pena recordar que esta reforma es resultado de la iniciativa presentada el 29 de noviembre de 2018, por el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, de Morena, misma que fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, conformada por las diputadas Mónica Robles Barajas, Rosalinda Galindo Silva y Erika Ayala Ríos, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente.
Por último, señalar que en opinión del coordinador de la bancada del PAN, Sergio Hernández, la también llamada Ley Anti-Winckler no puede ser declarada constitucional, hasta no resolverse el amparo que un juez federal otorgó el pasado mes diciembre al fiscal veracruzano en contra del decreto para evitar su remoción.
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