La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC) presentó ayer, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad en contra del Plan B de la Reforma Electoral.
Con esto, el proyecto impulsado por Morena y sus aliados ya suma siete recursos legales en su contra presentados por partidos y legisladores.
Al igual que las acciones legales emprendidas por el resto de la oposición, la nueva acción de inconstitucionalidad fue únicamente en contra de las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, que ya se encuentran publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) desde el 27 de diciembre del 2022.
La Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano consideró que la reforma legal altera el equilibrio de la contienda, pues remueve límites de la comunicación social en tiempos electorales.
Argumentó que la enmienda cambia la naturaleza jurídica de la comunicación social, al permitir que los servidores públicos realicen promoción personalizada y “adoctrinamiento político”, bajo la premisa de la libertad de expresión y la difusión de información de interés público.
“De igual forma, se rediseñan definiciones y principios de la Ley General de Comunicación Social de una forma que contradicen los párrafos primero, séptimo y octavo del artículo 134 constitucional”, agregó el partido.
MC también acusó defectos en el procedimiento legislativo para la aprobación de la reforma, debido a que las minorías parlamentarias no fueron incluidas en el debate y la iniciativa del proyecto no fue dictaminada.
Se trata de la sexta acción de inconstitucionalidad en contra del Plan B promovida desde las fuerzas políticas y el Poder Legislativo.
Este lunes, las dirigencias nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) acudieron, por separado, ante el máximo tribunal del país, para impugnar lo ya aprobado.
Posteriormente las bancadas de los mismos partidos en las cámaras de Diputados y de Senadores, más Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural en el caso del Senado, hicieron lo mismo.
De acuerdo con lo que han anticipado las diversas fuerzas políticas de oposición, estas acciones no serán las únicas a las que recurran para frenar la Reforma Electoral.
Han advertido que aún hay un segundo paquete de reformas que se mantiene en espera de aval en la Cámara alta.
Se trata de las reformas hechas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El freno de éstas se debe a que la Cámara de Diputados realizó un cambio al proyecto, a petición del Partido Verde Ecologista de México, para eliminar una modificación que éste mismo pidió en el Senado para impedir que los partidos perdieran el registro al permitir que una coalición pudiera distribuirse los votos recibidos en una elección, lo cual fue nombrado como la “cláusula de la vida eterna”.
Luego de que el Presidente de la República amagara con vetar todo el proyecto por no estar de acuerdo con la propuesta del PVEM, dicho apartado fue removido y tuvo que regresar a la Cámara alta para que se aprobara.
Esto podrá ocurrir, una vez que comience el siguiente periodo ordinario de sesiones el 1 de febrero.
