Luego del asesinato de Eric David Andrade, en Durango, 54 federaciones, sociedades y colegios de médicos del país exigieron, en nombre de más de 100 mil profesionales de la salud, garantizar la seguridad en las diversas instancias donde laboran.
Este fin de semana, el joven de 24 años, quien era pasante de medicina de la Universidad Autónoma de Durango, murió tras ser baleado dentro del Hospital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo.
El crimen del que fue víctima se suma al reciente, similar, cometido en contra de la anestesióloga Masiel Medina, quien laboraba en una unidad del IMSS Bienestar localizada en San Juanito, Bocoyna, Chihuahua, ubicado en la Sierra Tarahumara, la cual se ha posicionado como un foco rojo de inseguridad durante las últimas semanas, tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico.
De acuerdo con un conteo realizado por La Razón, en lo que va del año se han registrado cuatro asesinatos y seis agresiones en contra de profesionales de la salud en el país, los cuales se han cometido principalmente en el norte.
Los ataques cometidos contra este gremio son perpetrados principalmente por organizaciones delictivas que violentan al personal o lo obligan a curar a criminales heridos. Como antecedente, en el 2021 se registró que hubo un total de nueve médicos que perdieron la vida.
En el desplegado, las organizaciones médicas condenaron el asesinato de Eric David y la falta de medidas para su seguridad. Además, dijeron sentirse vulnerables, por lo que exigieron el esclarecimiento del crimen y la garantía de protección no sólo para el personal de salud, sino también para sacerdotes, maestros, enfermeros y toda la población que acude a laborar en determinadas zonas del país.
“Ninguna muerte por violencia se justifica, pero al ser dirigida contra quienes, por su vocación, se dedican a mejorar o salvar vidas de los demás, es mayormente condenable. Los trabajadores de la salud nos sentimos vulnerables”, señalaron, en el mensaje dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Por separado, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación A.C. (Ammef) y otras organizaciones denunciaron que las condiciones para realizar sus labores se han mermado y que cada día es más “preocupante” la situación.
Por ello, demandaron a las autoridades resguardar a los médicos pasantes en comunidades donde no se garantiza la seguridad y elaborar indicadores de violencia para evaluar las ofertas de plazas durante el próximo mes.
Exhortaron a las comisiones de Salud en las Cámaras de Diputados y Senadores a revisar la constitucionalidad de las normas que rigen el servicio social en medicina y hacer reformas en favor de los derechos humanos y la seguridad.
Las organizaciones médicas advirtieron que, de no ver respuesta por parte de las autoridades, convocarán a un paro nacional de médicos pasantes para el próximo ciclo de prestación del servicio social, que comenzará en agosto.
Así lo advirtió Cynthia Flores, de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, quien, en entrevista con La Razón, comentó que los estudiantes de medicina que acuden a prestar servicio social en comunidades alejadas, y que registran altos índices de violencia, representan una “mano de obra barata” para el Gobierno federal, pues son ellos quienes brindan atenciones médicas a los habitantes de aquellas poblaciones.
Reclamó que el panorama es injusto no sólo para los estudiantes, quienes reciben una “beca” que apenas alcanza los mil 500 pesos quincenales a cambio de brindar servicios en situaciones vulnerables.
