Un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República destacó la importancia de que se consideren modificaciones en cuanto al financiamiento privado y las donaciones a partidos y candidatos, debido a que México “va a contracorriente que la mayoría de los países a nivel mundial”.
Señala que, no obstante este criterio prohibicionista, no existen disposiciones que impidan la entrada de recursos de origen ilegal a la política.
De acuerdo con el “Análisis comparativo internacional de directrices sobre el financiamiento privado a partidos políticos y candidatos”, elaborado por Jaime Arturo Del Río Monges, a nivel mundial predominan modelos de financiamiento que permiten que actores privados tales como empresas, corporaciones y sindicatos realicen aportaciones a partidos, campañas y candidatos.
Sin embargo, señala que México mantiene una postura más conservadora, ya que existen múltiples prohibiciones en la ley para que los partidos políticos y candidaturas reciban recursos privados.
Actualmente, el artículo 41 constitucional establece que en el caso del financiamiento de los partidos los recursos públicos deben prevalecer sobre los de origen privado; además, la ley establece un monto máximo para las aportaciones de sus militantes y simpatizantes.
El estudio refiere que, en relación con las disposiciones que requieren que las donaciones a partidos y candidatos pasen a través del sistema bancario, México también va en contra de las actuales disposiciones globales.
Y es que señala que en el país no se establece la disposición de las donaciones a través de un esquema bancario, lo que abre la puerta a la donación de recursos de origen que podría ser ilícito
“En nuestro país no existen este tipo de disposiciones, que podrían reducir la probabilidad de que el dinero sea proveniente de actos de corrupción o de negocios ilícitos”, apunta.
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