Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), ya que pone en riesgo los derechos humanos, de salud y seguridad de las y los mexicanos, al recortar recursos en programas importantes.
Rubén Moreira Valdez (PRI), Jorge Romero Herrera (PAN) y Luis Espinosa Cházaro (PRD) coincidieron en que como se planteó, el Presupuesto transgrede el principio de progresividad contemplado en el artículo 1 constitucional de la reforma de 2011, además que es regresivo porque no aumentó programas que protegen los derechos humanos de las personas.
Dichos programas están basados en temas como salud, educación, fortalecimiento del federalismo, así como la protección a la mujer; por ello reiteraron que el PEF 2022 transgrede los derechos de los mexicanos.
Entre los programas que señalaron como benéficos es el de “a "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, que tuvo un recorte de 10 mil millones de pesos, pues aseguran que es un retroceso para el tema.
En otros temas mencionaron que se dejó de lado programas para combatir el rezago, desaparición de los programas de Escuelas de Tiempo Completo, el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, entre otros.
Otros programas que denuncian fueron olvidados son el combate a la violencia de género, estancias infantiles y atención a víctimas, ya que les redujeron el presupuesto, además que también hubo recorte a la protección de Áreas Naturales Protegidas, especies y ecosistemas.
Por esa razón explicaron que se debe adoptar la inversión del mayor número de recursos para lograr el desarrollo y efectividad de los derechos de las personas, por ello reiteraron que el PEF 2022 viola todo lo anterior, y es una amenaza para la democracia para México, ya que además afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que los obliga a realizar mandatos marcados en la Constitución, pero sin recursos suficientes como es el caso de la revocación de mandato.
Al respecto, Santiago Creel, vicepresidente de la mesa directiva en San Lázaro, aseguró que la acción de inconstitucionalidad no tiene precedente.
Señaló que el recurso es una prueba de que el principio de progresividad, establecido en el artículo 1 de la Constitución desde el 2011, salvaguarda los derechos humanos, particularmente los de contenido económico y social.
fgr
