A pesar de que la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) criticó la implementación de la prisión preventiva oficiosa (PPO), siete de los 11 se manifestaron en contra del proyecto que propuso su eliminación desde la Constitución, lo cual será definido en votación mañana jueves.
En sesión del pleno este martes permeó la crítica de los ministros a la PPO, pero la medida cautelar se mantuvo, aunque se perfila un ajuste respecto a los dos puntos que están en contradicción: el de los derechos humanos y el de la integralidad constitucional.
El aplazamiento de la decisión final, que se esperaba en la sesión de ayer, fue a petición del ministro ponente, Luis María Aguilar, quien solicitó tiempo para analizar su proyecto y contradecir argumentos esgrimidos por sus compañeros, aunque con la posibilidad de retirarlo para reelaborarlo, tomando en consideración los propios argumentos expuestos.
Los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá se manifestaron en contra de inaplicar el artículo 19 de la Constitución, que establece las causas para aplicar la PPO, bajo el argumento de que la Corte no tiene facultades para incidir en la Carta Magna.
De ellos, la única en defender la permanencia de la PPO fue la ministra Yasmín Esquivel, quien sostuvo que se trata de una medida indispensable para proteger los derechos de las víctimas.
Aunque dijo desde el lunes que esta prisión no es deseable, recalcó que los costos sociales de su eliminación serían mayores, pues se dejaría a la población a merced de las bandas criminales.
Por el contrario, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sostuvo que la PPO, prevista en el artículo 19 constitucional, es “irreconciliable” con los derechos humanos que la propia Carta Magna propone.
Sugirió que la salida no es modificar la norma, sino recurrir a la interpretación de la misma, sobreponiendo otro artículo: el primero constitucional, en el que se destaca el respeto a los derechos humanos y, con ello, la presunción de inocencia.
“Al modular la prisión preventiva oficiosa, el artículo 19 constitucional prácticamente otorga un cheque en blanco al Ministerio Público; el juez de control actúa como autómata, una vez que le es presentada la solicitud, y su única misión es verificar irreflexivamente que a la persona le ha sido atribuido alguno de los delitos enlistados en el artículo 19”, dijo.
La ministra Ana Margarita Ríos Farjat expuso que la PPO enfrenta un “doble discurso” del Estado mexicano, el cual se suscribe a tratados protectores de derechos humanos, pero, por otra parte, desde el 2008 retiene esta figura de prisión preventiva automática.
“A mi manera de ver, lo que está sucediendo es que el Estado mexicano avanzó por dos caminos divergentes que cada vez resultan más opuestos entre sí, conforme aumenta el uso de la prisión preventiva oficiosa y se emiten más criterios de la Corte Interamericana. Llegamos al punto en el que esa contradicción, que siempre estuvo y esta Suprema Corte siempre pudo ver, parece insalvable”, exclamó.
Tanto la ministra Norma Lucía Piña Hernández como el ministro presidente, Arturo Zaldívar, se pronunciaron en favor del proyecto, pero con reservas, y subrayaron que, en caso de que se apruebe, esto no implicaría la liberación automática de las personas privadas de la libertad.
Ambos abogaron por no poner en primer lugar una “supremacía constitucional” por encima de los derechos humanos; además, coincidieron en que con esto no se rompe la división de poderes.
“Si las fiscalías hacen su trabajo adecuadamente y los juzgadores hacemos nuestro trabajo adecuadamente, no tiene por qué haber un colapso porque se pase al sistema de prisión preventiva justificada, que es el que prácticamente tienen todos los países democráticos en el mundo… Condenamos a la gente a los infiernos que son las cárceles mexicanas y les hacemos perder la esperanza, sin que un juez haya valorado si hay elementos que justifiquen que deben estar en prisión mientras se lleva a cabo su proceso”, consignó Zaldívar.
PAN pide a la Corte que decida lo mejor en el tema
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, reiteró a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, pese a las “presiones” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no se dejen presionar y decidan lo mejor sobre la prisión preventiva oficiosa.
Manifestó que la PPO era transitoria, pues la intención era que los ministerios públicos se fortalecieran y profesionalizaran para armar los casos y los presentaran al juez, y se definiera si ameritaba o no la prisión preventiva.
“El Presidente no entiende de separación de poderes, no entiende que México es una República democrática y que el Poder de la Unión se divide en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que tienen, o deberían tener, el mismo peso y no los ha respetado. Yo francamente esperaría que los ministros de la Corte se hagan respetar, que no se dejen presionar y que decidan lo que es mejor para México”, subrayó.
Presidente rechaza haber presionado al Poder Judicial
El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya ejercido presión sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que votaran por la permanencia de la prisión preventiva oficiosa, porque no habla con ellos, aunque reconoció que sí habla del tema en sus conferencias, lo que puede considerarse una presión.
“Nosotros no somos iguales. Puede ser que sí sea presión, porque tocamos el tema, sí, porque ¿cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo? Ahora ya es distinto, tú dices: ‘presión’, no, yo no hablo con los jueces, yo hablo aquí, porque yo sé la importancia que tiene la fuerza de la opinión pública en una democracia.
“Antes, cuando el pueblo no hablaba, no se sabía quiénes eran, incluso en el Poder Legislativo lo mismo, no se informaba al pueblo, en el anonimato podían hacer cualquier cosa; ahora está atento el pueblo y denuncian todo, y la vida pública es cada vez más pública”, afirmó.
Dijo que si los ministros o la oposición no están de acuerdo con el texto constitucional, deben impulsar una reforma constitucional, pero no invadir competencias.
“¿Quieren que sí se quite? Pues que se modifique la Constitución, pero eso no lo pueden hacer ellos, esto tiene que ver con el Poder Legislativo. Así de sencillo. Y a nosotros sí nos ayuda, porque es un gran esfuerzo y mucho riesgo; han asesinado a policías, a militares, presidentes municipales, los encarcelan, los jueces los liberan y ajustician, no se puede”, aseguró.
Con información de Magali Juárez y Jorge Chaparro
