Mientras el Congreso de Morelos interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la detención del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona, argumentando “vulneración de la soberanía y autonomía del Poder Legislativo del estado”, feministas exigieron a las afueras del máximo tribunal la “pena máxima” para el funcionario.
El diputado panista, Francisco Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva del Congreso morelense, presentó la impugnación mediante una controversia que fue recibida formalmente el 9 de agosto y anexada bajo el expediente 403/2023.
En la demanda expresó su inconformidad, con el argumento de que “para detener y procesar al fiscal era necesario que el Poder Legislativo resolviera si era procedente o no, ya que Uriel Carmona cuenta con fuero constitucional”.
El recurso señala como autoridades responsables a la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) y el de Morelos (TSJM), así como al Ejecutivo de esa entidad, Cuauhtémoc Blanco.
La Subsecretaría General de Acuerdos del máximo tribunal del país turnó el expediente con el número 403/2023 al ministro Arturo Zaldívar, quien elaborará un proyecto de resolución que será analizado en el pleno.
De forma paralela, un colectivo feminista protestó frente a la SCJN, para posteriormente avanzar hacia Palacio Nacional y exigir justicia por el feminicidio de Ariadna Fernanda, caso por el cual fue aprehendido el fiscal Carmona, a quien tacharon de “maleante”.
Las integrantes del Grupo Violeta exigieron que se realice un juicio con “perspectiva de género” y que también se investigue a otras autoridades locales, como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Israel Hernández, y al alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado.
Las manifestantes también demandaron “sentencias justas” para Rautel “N” y Vanessa “N”, señalados como presuntos responsables del feminicidio de la joven de 27 años de edad, así como “pena máxima” para Uriel Carmona, ahora acusado de entorpecer la investigación mediante su cargo de fiscal general de Morelos.
Días después del crimen, la FGJCDMX inició una investigación a petición de los padres, luego de que ante los medios de comunicación Uriel Carmona declaró que no había evidencia de feminicidio y que la causa de muerte de Ariadna fue una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración.
“El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, tenía conocimiento preciso de las evidencias contenidas en su indagatoria que advertían de la muerte violenta de la joven y aún así, decidió culparla de su propia muerte”, dijo el miércoles la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, al señalar que su homólogo morelense dio información “falsa y maliciosa” que no correspondía ni a los hechos, ni a la investigación.
Godoy dijo que la consecuencia de esta actuación errónea fue la obstrucción de la investigación de un delito y aclaró que la detención del fiscal de Morelos se ajustó a lo que establece la Constitución.
“Todas nuestras actuaciones están apegadas a la ley y son revisadas por el Poder Judicial. Ni violamos la Constitución, ni violamos el Estado de Derecho”, apuntó la fiscal capitalina.
