La discusión que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados
ni siquiera ha calendarizado para desahogar la reforma en materia de simplificación administrativa, que pretende eliminar a diversos órganos autónomos, buscará que los remanentes de la extinción de los mismos vayan al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Según el acuerdo avalado la semana pasada por la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara alta, este primero de agosto se comenzarán a dictaminar y votar por fechas las 18 iniciativas que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso en febrero de 2024.
Sin embargo, el acuerdo sólo fijó que la dictaminación de la reforma de simplificación se fecharía hasta el 15 de agosto.
Así, el documento plantea la extinción del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
También el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), así como los órganos reguladores coordinados en materia energética, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
En el proyecto se consideran las opiniones que vertieron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados. De allí, el proyecto destaca que ambas instancias coinciden en que la iniciativa enviada por el Presidente de la República “carece” de impacto presupuestario y, de hecho, ya expone planes sobre los recursos que derivarán de la extinción de dichos órganos.
“Las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar que se cree en términos de la legislación aplicable”, señala.
En su segundo artículo transitorio, establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan, y lo mismo aplicará para los estados.
Además, establece que los recursos materiales, así como los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos de los entes públicos que se extinguen conforme al presente artículo transitorio pasarán a formar parte de las dependencias del Ejecutivo federal o al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según corresponda, en los términos del presente decreto y de la legislación secundaria que al efecto se emita.
Sobre los derechos laborales de las personas servidoras públicas, indica que serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable. Los recursos humanos con que cuenten los entes públicos que se extinguen pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones, cuando corresponda.
