Violencia contra políticos en actual sexenio pega más a Morena

Del 2018 al 2023, tres de cada 10 ataques político-electorales violentos documentados —entre los que se incluyen amenazas, asesinatos, ataques armados, atentados, desapariciones y secuestros— se han cometido contra militantes de Morena.

En dicho periodo se han registrado mil 610 agresiones en todo el país, según la organización Data Cívica en su proyecto Votar entre balas, en el cual se destaca que dos de cada tres agresiones han recaído en Morena, PAN y PRI.

Sin embargo, de estas tres fuerzas políticas, el partido que ha sufrido más ataques es el fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con 541 víctimas, lo que representa 33.6 por ciento del total, o uno de cada tres casos, según el estudio citado.

En un análisis hecho por este medio a su base de datos, se observa que más de la mitad de ataques al guinda, es decir, 295, han sido asesinatos y la tendencia al respecto ha sido al alza para Morena, ya que de los 14 casos registrados en el 2018 la cifra creció cada año hasta llegar a 151 en el 2023.

Morena encabeza la lista de partidos con más actores ultimados en los últimos cinco años, pero también la de más víctimas de otras agresiones que el proyecto documenta: amenazas, con 60; atentados, con 27; ataques armados, con 90; secuestros, con 63, y desapariciones, con seis, cifra que también se observa en el PAN y en el PRI.

En cuanto a víctimas en lo general, a los morenistas los secundan miembros del PRI, partido al que también le han asesinado, desaparecido, amenazado y atacado de otras formas a 252 miembros, mientras que en el PAN se registran 225 víctimas.

De los demás partidos que figuran en el escenario nacional, el cuarto con más víctimas es el PRD, con 109; luego están Movimiento Ciudadano, con 96; PVEM, con 65 y el PT, con 37. Los 282 restantes han recaído en partidos locales o personajes independientes y en dos funcionarios del INE.

En cuanto al escenario específicamente electoral, 237 registros corresponden a ataques contra candidatos, precandidatos o excandidatos, contra quienes el crimen actuó de diversas maneras desde 2018 a 2023, donde Morena, PRI y PAN también se ubican como las fuerzas políticas más perjudicadas con 50, 46 y 31 víctimas respectivamente.

En el proyecto Votar entre balas se identificaron 79 casos en los que se realizaron ataques con la intervención de la delincuencia organizada, mediante el involucramiento de al menos 13 grupos criminales, como la Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noroeste, La Línea, entre otros, así como escisiones y grupos locales, como Los Ardillos, Los Tequileros y La Chapiza.

Dado que no siempre es posible atribuir los ataques a los grandes cárteles, hay otros mil 106 casos en donde los agresores son clasificados como sujetos armados, comandos, convoyes o sicarios.

Geográficamente, Guerrero es el estado en donde más ataques político-electorales se han perpetrado en agravio de todas las fuerzas políticas, con 182. Sin embargo en esta entidad son el PRI, el PRD y Morena los partidos que más víctimas han tenido, con 37, 30 y 62, respectivamente.

En tanto, para el PAN, el estado en el que mayor número de políticos, candidatos y otras figuras han sido agredidas es justamente el que ha gobernado desde antes que iniciara el siglo: Guanajuato.

En una situación similar se encuentra Movimiento Ciudadano, pues su principal bastión y el eje de su fuerza electoral, Jalisco, es el foco rojo para sus propias autoridades, funcionarios y aspirantes a algún cargo.

En esta entidad se han registrado 28 de los 96 ataques recibidos por militantes de este partido desde el 2018. De éstos,16 fueron asesinatos. Además, el segundo estado en donde más agresiones han recibido políticos emectistas es Nuevo León, en donde también gobierna el naranja, con 22.

La cifra más elevada de ataques para militantes del PT se localizó en Michoacán, en donde han ocurrido 11 de los 37 casos documentados, mientras que para el PVEM, la alerta está en Veracruz, con nueve de las 65 agresiones recibidas.

Para Javier Castillo, exconsejero electoral, la situación de violencia que atañe a los partidos políticos es consecuencia de la violencia que atraviesa al contexto nacional y que se ha endurecido durante el último lustro, lo cual converge con los comicios en los que el crimen interviene “para consolidar su poder territorial”.

“La presencia de la criminalidad, pues tiene un nivel muy alto, o sea que no había tenido en el pasado, y que no sólo es en los territorios bajos, sino que también se han desatado enfrentamientos con la Guardia Nacional y los asesinatos de policías, lo cual es muy alarmante. Sí, la violencia se incrementó en términos generales, pero de manera particular en el ámbito electoral, por los procesos de renovación de los poderes públicos”, comentó en entrevista.

Javier Castillo consideró que los asesinatos y demás prácticas violentas contra políticos y autoridades “se deben a estos reacomodos y en específico el asesinato es para evitar que compita alguien que es indeseable para la delincuencia organizada, porque pudiera ser un obstáculo para que ellos puedan realizar sus actividades”.

El especialista comentó que la delincuencia organizada está muy fragmentada y tiene intereses diversos y, dependiendo de cada región del país, digamos en un estado o en un municipio, le puede ser incómodo un candidato de Morena y en otro estado un candidato de Acción Nacional.

A su ver, esto sólo es apenas una parte de cómo impacta el crimen en las elecciones, pues otra de sus intervenciones es por los recursos económicos, mediante el financiamiento político como una alternativa del lavado de dinero, problema que, aseguró, en México no ha sido debidamente dimensionado ni se ha actuado en consecuencia.

Apuntó: “Cuando los partidos tienen un financiamiento de origen desconocido, a lo que más se llega es a aplicarles una multa. Me parece que en la contienda política no deberíamos aceptar que haya dinero de origen desconocido. Se podría tomar algún tipo de medida de carácter legislativo, pero no ha estado sobre la mesa en el interés de los partidos políticos reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Penal Federal… Se puede hacer, lo que no hay es voluntad política porque, al final de cuentas, todos los partidos tienen algún ingreso de origen desconocido”.