Las mujeres entre 15 y 19 años son las que más han desparecido en lo que va de la administración federal, pues una de cada tres (el 33.2 por ciento del total de desparecidos) corresponde a este grupo, principalmente por temas relacionados a la trata de personas con fines de explotación sexual.
“La desaparición forzada de personas es considerada una de las más graves violaciones a los derechos humanos. Vulnera no sólo a las víctimas, en su mayoría mujeres, sino también a su familia, y afecta también a la sociedad, ya que crea una incertidumbre casi permanente sobre el paradero y seguridad de las mujeres”, destacó Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR).
“Por ello, desde el feminismo, una de las consignas es que, al salir a la calle, no queremos ser valientes, queremos ser libres y llegar a casa”, señaló.
La activista detalló que las propias víctimas y sus familiares en México tienen que enfrentarse a una “total impunidad e inacción” de las autoridades y aparatos de justicia, porque, dijo, los gobiernos de México han sido renuentes a aceptar la existencia de esta crisis de derechos humanos, la cual tiene un carácter sistemático y generalizado.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob), de los 31 mil 385 reportes de mujeres desaparecidas del 1 de diciembre del 2018 al 27 de agosto de 2022, 61.5 por ciento corresponden a tres sectores etarios: de 10 a 14 años son cinco mil 539; de 15 a 19 están registrados 10 mil 434, y de 20 a 24, tres mil 330 casos.
Respecto a los delitos, la trata de personas cuenta con mil 781 carpetas de investigación iniciadas, lo que significa que, por cada 17.6 desapariciones, se abre una por ese delito, en promedio, respecto al total de desapariciones del género femenino a nivel nacional.
En torno al secuestro, hay 972 carpetas, lo que significa que por cada 32.2 desapariciones, hay una por plagio, con datos del reporte especializado de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Además, por tráfico de personas se tiene un registro de 38 carpetas iniciadas, lo que también representa que por cada 826 mujeres que desaparecen, en promedio se inicia una averiguación.
Berenice Macías Zamora desapareció el 14 de septiembre del 2016 en la alcaldía Venustiano Carranza, cuando tenía 22 años, luego de que salió de su hogar para presentarse en su trabajo; sin embargo, nunca llegó y hasta ahora su madre sigue buscándola.
“No me importa hasta dónde llegue, incluso dar mi vida, porque como madre es un dolor muy fuerte perder a una hija. He estado esperando hasta la madrugada algún reporte en la fiscalía, pero hasta el momento no hay nada. La lucha va a ser hasta que yo muera; tengo mucha fe y seguiré tocando puertas hasta encontrarla; esa es mi lucha en la vida”, explicó María Zamora, madre de Berenice, a La Razón.
Al salir de su casa, camino a su trabajo, Berenice Macías pasó primero a comprar una placa para arreglarse los dientes, pero horas después le llamaron a su mamá para informarle que ese día no se presentó a laborar.
A pesar de las denuncias presentadas, dijo que los policías que investigaban su caso la criminalizaron, al indicar que se había ido a una fiesta, pero al paso de los meses el caso se fue olvidando por la falta de interés de las autoridades, de acuerdo con la madre de la víctima.
Ante las sospechas de la mamá de Berenice sobre el novio de su hija, a éste nunca se le investigó, a pesar de que se les pidió a los agentes encargados del caso, como parte de la indagatoria.
Teresa Ulloa directora de la Coalición Nacional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, explicó que no hay políticas para combatir la trata de personas, ya que no está en la agenda del Gobierno federal, pues ya casi se cierra el cuarto año de la administración actual y aún no se tiene avance en esta materia.
Sólo 21% de tratantes tiene sentencia
Durante los últimos cuatro años, sólo 20.7 por ciento de las personas que han sido sujetas a un proceso penal por el delito de tráfico de personas han recibido sentencia.
De acuerdo con la información que dio a conocer el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, Germán Adolfo Castillo Banuet, durante la II Conferencia Nacional de Migración, dos mil 286 personas han sido sometidas a un proceso judicial por este delito entre 2018 y lo que va de 2022.
Precisó que mil 653 han sido vinculadas a proceso, 729 están sujetas a prisión preventiva y 475 han sido sentenciadas.
De igual forma, dio a conocer que de diciembre de 2018 hasta el mes en curso se han iniciado cuatro mil 707 carpetas de investigación.
En cuanto a la clasificación geográfica, detalló que el mayor número se concentraron en los estados de Nuevo León con 858; Chiapas, 729; Veracruz, 649; Tabasco, 510; Oaxaca, 315; Tamaulipas, 251, y Coahuila, 236.
Castillo Banuet también detalló que en el mismo periodo se ha logrado el rescate de 77 mil 498 personas de las redes de traficantes, aunque no precisó si las víctimas pertenecían a la comunidad migrante.
Especificó que en 2018 se rescató a 533 personas; en 2019, 22 mil 189; en 2020, seis mil 249; en 2021, 28 mil 804, y en lo que va de 2022 suman 19 mil 723.
El evento fue organizado por el Instituto Nacional de Migración, con el objetivo de intercambiar propuestas en temas migratorios junto a países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba, así como con la sociedad civil.
El fiscal subrayó la necesidad de acciones legislativas para agilizar las investigaciones desde la detención, puesta a disposición y hasta obtener una sentencia contra los probables responsables, por lo que propuso reformas a la Ley de Migración.
