El doble viacrucis de las migrantes transgénero

Después de varias multas por “vestirse como mujer”, de un intento de violación por parte de policías y de ser encarcelada en una prisión de hombres por dos años, donde fue víctima de abusos, discriminación y agresiones, Bárbara Castellanos se vio forzada a salir de Cuba el Día de las Madres para pedir asilo en Estados Unidos, ante el temor de volver a prisión sólo por ser mujer trans.

El 14 de mayo pasado, cuando en la isla se celebraba a las Madres, Bárbara, de 38 años, con ayuda de su mamá y sus amigos, tomó un vuelo hacia Nicaragua para iniciar su travesía. Guardó cuidadosamente las multas que pagó —de entre dos mil a tres mil pesos (mil 400 a dos mil 100 pesos mexicanos)—por vestirse acorde a su identidad de género, lo cual no es aceptado en su país. Confía que esto le ayude a conseguir la ayuda humanitaria.

De Nicaragua viajó a Honduras y de ahí a Guatemala, donde pagó 300 dólares (más de cinco mil pesos mexicanos) para cruzar el río Suchiate, en Chiapas. Actualmente se encuentra en Tapachula, donde espera que le den una visa humanitaria para quedarse en México en lo que logra llegar a Ciudad Juárez, su última parada antes de ir a EU. Prefiere no salir ni arriesgarse a cruzar sin papeles, porque su más grande temor es que la deporten a Cuba.

“Me han dicho que es bastante posible que me permitan la entrada en EU; cuando llegué me hablaron de la CBI-ONE (aplicación para solicitar asilo), ya tengo el registro, pero se demora, he estado desesperada. Fui a pedir refugio aquí, en Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), me dijeron que la visa humanitaria podría durar tres meses. No he salido de acá para llegar a la frontera, porque no tengo miedo a lo que me pase en el camino, pero tengo más temor de que me manden para Cuba”, contó Bárbara a La Razón.

Para ella, su país ya no es una opción para vivir. Lo que detonó su huida fue asistir a un lugar de encuentro de la comunidad LGBT+ en Santa Clara, donde dos policías la detuvieron e intentaron violarla, pero logró escapar.

“Quise hacer una denuncia y dijeron que estaba haciendo cuestiones contra la patria; no podía salir a ningún lado porque me asediaban, querían buscar la forma de enredarme para que fuera recluida en prisión otra vez o”, aseguró Bárbara.

Hace unos años fue a prisión por ser considerada una persona “en estado peligroso”. El Código Penal en Cuba establece que si un policía considera que alguien es “proclive a cometer delitos” puede ser encarcelado; Amnistía Internacional ha dicho que viola los derechos humanos.

La violencia y discriminación que atraviesan las mujeres trans en sus países son la principal causa para migrar a EU.

“En Venezuela la comunidad LGBT+ no puede andar de manera libre en la calle, se les encierra sin motivo y no vuelven a saber de ellas. En El Salvador la Mara Salvatrucha y otras bandas las usan para el trabajo sexual, consumo de drogas o como mulas transportando droga. Quien no lo haga es asesinada o matan a alguien de su familia”, dijo a este diario Paloma Villegas, directora y fundadora del movimiento TTTrans Igualdad, una ONG de apoyo a la comunidad Trans en Ciudad Juárez.

México no es seguro. Su tránsito por nuestro país las expone a nuevas formas de violencia, pues son triplemente vulnerables: por ser mujeres, transexuales y migrantes. Son rechazadas cuando tratan de encontrar trabajo y, en el peor de los casos, son víctimas de la delincuencia.

“En México no me dan trabajo. Cada vez que llego a buscar uno, de limpieza, porque tengo que subsistir, no me dan. Muchas veces se ríen, me dicen que sólo chicas, les digo que soy una chica y me dicen que no. Es duro, pero todos los días busco la oportunidad”, contó Bárbara.

La Organización Internacional para la Migraciones (OIM) ha alertado que las personas migrantes LGBT+ en México corren un gran riesgo de sufrir discriminación, extorsiones, secuestros, explotación laboral, trata de personas, violencia sexual y de género.

“Pasando la Ciudad de México han sido objeto de extorsión, si no cuentan con el dinero que piden, las bajan y no vuelven a saber de ellas. Por lo que me han contado chicos y chicas trans, Monterrey es una ciudad demasiado peligrosa, porque ha habido varios secuestros”, dijo Paloma Villegas, quien este año ha alojado en su casa de Ciudad Juárez a 30 mujeres trans migrantes en lo que cruzan a EU.

Por los testimonios que le han compartido, las extorsiones se dan en cinco puntos, donde la delincuencia cobra de mil a dos mil pesos por persona en cada retén. Si son víctimas de secuestro, tienen que pagar de cinco a ocho mil dólares.

A esto, se suma lo que enfrentan en los albergues, donde también son víctimas de transfobia, pues en los espacios religiosos que apoyan a indocumentados las rechazan, lo cual las orilla a estar en situación de calle. Por ese motivo, en Ciudad Juárez se han abierto lugares especialmente para recibir a la comunidad LGBT+ que migra, como Respetttrans o Casa de los Sueños, antes conocida como Casa de Colores.

“Es importante abrir más espacios para la comunidad LGBT+, ya que la mayoría de los albergues en Ciudad Juárez son condicionados, por iglesias la mayoría. Cuando es día de misa tienen que estar, pero no todos tienen la misma religión. Hay personas poco tolerantes, porque por cuestión cultural o social, se nos asocia con una apariencia femenina, tener un cuerpo escultural, y no todas las mujeres trans llevan un proceso hormonal o traen cirugías, entonces las ridiculizan o son víctimas de transfobia”, lamentó.

EU no es el fin, sino el principio. Las mujeres trans migrantes que logran cruzar a EU para culminar su trámite de asilo vuelven a ser víctimas de discriminación y violencia. Para quedarse tienen que conseguir a una persona que las reciba y apoye mientras se analiza su caso; sin embargo, quienes, al darse cuenta de su identidad de género, las rechazan.

“Batallaron algunas porque los familiares o las personas que les dijeron: ‘Puedes venir a pasar unos días’, cambiaron de parecer, y al ver a las chicas trans eso les hizo mucho ruido, las discriminaron, les dijeron: ‘Lo siento mucho, para poderte quedar aquí vas a tener que actuar como hombre, vestirte como hombre, cortarte el cabello, tirar tus pelucas, tu ropa y maquillaje’”, explicó a La Razón Eva Moya, de la Universidad de Texas en El Paso, quien junto con Marisela Gutiérrez Vega, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, realizó en 2021 una investigación binacional para saber lo que enfrenta este sector.

A pesar de estar en un país con mayores libertades que en sus naciones de origen, algunas continúan siendo violentadas.

“Una de ellas me comentó: ‘Pensé que había dejado la violencia atrás’, pero con un cliente, en las calles de Nueva York, no le pareció lo que ella era, con un cuchillo le lastimó el rostro, ella se pudo defender. La diferencia en este país es que hay servicios, programas que en su país de origen no; aún con todas las de ganar existe todavía mucha xenofobia, discriminación hacia las mujeres u hombres trans”, comentó Moya.

Lograr el asilo político no es fácil, de acuerdo con la experta, en Texas, menos del uno por ciento de toda la población migrante, incluida la comunidad LGBT+, lo logra.

“Deben tener un abogado o abogado, a través de una ONG o privado, porque de otra manera es imposible que obtengan el asilo político y eso cuesta bastante. Necesitan entre 10 mil a 15 mil dólares (171 mil a 250 mil pesos) para contar con una representación si es que eligen un litigante privado, están saturados, entre los casos de trans, no trans, familias y demás”, comentó.

Lo que enfrentan las mujeres trans migrantes es complejo por eso entre sus grandes reclamos están: “Tener derecho a un trabajo digno, porque se les niega el trabajo en una maquiladora, si tu documentación viene como sexo masculino te tienes que presentar así, les cortaban el cabello, las hostigaban en los baños; tener respeto de las autoridades y de la población en general; concientizar sobre la diversidad sexual…; considerar la inclusión y visibilidad; reconocer cuánto pueden contribuir y poner fin a la discriminación”, concluyó en entrevista con La Razón Marisela Gutiérrez Vega.