La propuesta de reforma integral al sistema de justicia, que planteó el Poder Judicial, aunque no descarta la elección de juzgadores por voto popular, establece una serie de retos y condicionantes para su viabilidad, y no hace alusión a los elevados ingresos y prestaciones de los ministros, dos de los puntos medulares que ha cuestionado y planteado del Ejecutivo.
En los dos documentos que ayer difundió el PJF se establece que, “a la luz de los resultados, es claro y contundente que sin bien los poderes judiciales del país requieren de cambios y mejoras, éstas deben ser integrales, es decir, orientarse no sólo a los cambios más drásticos planteados, sino a todo el sistema de justicia que abarca fiscalías, defensorías, poderes judiciales locales, administración, disciplina, carrera judicial, capacitación y, desde luego, procesos de nombramiento de los titulares”.
La propuesta contenida en ambos documentos hace énfasis en que es necesario “responder al aumento de la demanda de justicia mediante la adecuada asignación presupuestal para la creación de órganos jurisdiccionales”, para lo cual es necesaria “la asignación fija y no negociable de presupuesto anual para el PJF y el correlativo para los poderes judiciales locales”, además de “establecer partidas presupuestales con rango constitucional para aumentar la plantilla de personal, capacitación o la creación de nuevos órganos de administración de justicia, como personal pericial a nivel local y escuelas de formación judicial en las entidades”.
El estudio que emana de la Judicatura da cuenta de una encuesta que la Escuela Federal de Formación Judicial aplicó entre los servidores públicos del Poder Judicial, en la que “la mayoría de las personas encuestadas considera inconstitucional y violatorio de la independencia y soberanía del Poder Judicial el Transitorio Cuarto de la iniciativa presidencial, cuyo contenido está relacionado con la limitación en las remuneraciones de las personas servidoras públicas del PJ federal, estatal y de la Ciudad de México”.
