La reedición del “cállate chachalaca”, pero ahora protagonizado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, representa uno de los principales riesgos para el proceso electoral 2023-2024.
Así lo reconocieron exconsejeros y actuales consejeros electorales, quienes defendieron que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han tomado las medidas a su alcance para limitar la actuación tanto del Presidente de la República como de los aspirantes de Morena y sus aliados, y de los aspirantes de la oposición.
El exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, apuntó que el reclamo que en el contexto del proceso electoral 2005-2006 hizo López Obrador a Vicente Fox, es el que se repite.
“En 2006, Andrés Manuel López Obrador le exigía a Vicente Fox que se abstuviera de participar en las campañas en curso y ahora que es Presidente traiciona su exigencia de cuando era opositor, al atacar a Xóchitl Gálvez, que es la aspirante más visible de la oposición”, indicó.
El INE como el TEPJF han ordenado al Presidente abstenerse de realizar manifestaciones electorales (...) y, aunque el proceso electoral no inicia aún, estos ataques buscan afectar a una de las contendientes más viablesLuis Carlos Ugalde, Exconsejero presidente del IFE
Asimismo, señaló que, pese a los cuestionamientos que se han hecho contra el INE y el Tribunal Electoral por supuestamente ser permisivos, en los hechos han puesto límites y emitido criterios y sentencias que de todas formas no ha respetado el titular del Ejecutivo federal, como se observó con la última resolución sobre Xóchitl Gálvez.
“Tanto el INE como el TEPJF han ordenado al Presidente abstenerse de realizar manifestaciones electorales en las conferencias mañaneras y, aunque el proceso electoral no inicia aún, estos ataques buscan afectar a una de las contendientes más viables”, apuntó.
Sin embargo, Ugalde alertó sobre el incumplimiento del mandatario federal sobre resoluciones, como se observó en el caso de Gálvez, precisamente, por lo que consideró que tal vez será necesario que las autoridades electorales consideren la aplicación de medidas más severas.
Si desde ahora ya estamos observando los litigios en una etapa tan avanzada, eso anticipa lo complejo que será el proceso electoral en sí mismo y las violaciones a la ley, incluyendo la participación presidencialJavier Santiago Castillo, Exconsejero electoral
Lo principal, argumentó la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, es que no sólo están emitiendo resoluciones, sino que se están armando los expedientes.
Dijo que no se trata de un peloteo entre las autoridades electorales, sino que así está estructurado el sistema electoral, para reforzar las sentencias que se emiten.
En ese sentido, dejó claro, ante quienes acusan que existe censura por parte del INE por las resoluciones que ha emitido, particularmente hacia el titular del Ejecutivo federal, que no hay tal, sino que se cumple con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución respecto a que no debe haber intervención de funcionarios de gobierno en los procesos electorales.
Argumentó que las determinaciones que toman las autoridades electorales son a partir de la evaluación de la falta.
Al respecto, el también exconsejero electoral Javier Santiago Castillo apuntó que es fundamental que tanto los denunciantes como las autoridades electorales conformen los expedientes jurídicos de cada caso, porque ante la litigiosidad que se prevé para la elección federal, esto puede ser crucial si se complica el proceso.
“Si desde ahora ya estamos observando los litigios en una etapa tan avanzada, eso anticipa lo complejo que será el proceso electoral en sí mismo y las violaciones a la ley, incluyendo la participación presidencial, los desafíos que enfrentarán las autoridades electorales y la polarización que se vivirá en este relevo de la Presidencia, a lo que se sumará el número de cargos de elección que estarán en juego”, indicó.
