Las organizaciones que forman parte del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE) manifestaron su preocupación por lo que consideraron riesgo de inequidad en las campañas rumbo a 2024; mencionaron que las autoridades electoral tienen “capacidad operativa limitada”, lo que puede dar lugar a una pérdida de capacidad de arbitraje político en elecciones.
En su Primer Informe sobre la Integridad Electoral en el Proceso 2023-2024, la ANIE habló de un panorama inicial del proceso, donde subraya la preocupación respecto de cuatro temas fundamentales; el primero mencionado es sobre las autoridades electorales con capacidad operativa limitada, “al no estar adecuadamente integradas, además de una potencial pérdida de capacidad de arbitraje político, y el riesgo de que el crimen organizado esté más cerca de las elecciones”.
En segundo orden mencionó el riesgo de que la inequidad con la que inicia la contienda electoral sea un factor determinante en el desarrollo de las campañas, pues los actores políticos incumplen de manera sistemática las reglas.
“De manera particular, se hace referencia a los actos públicos llevados a cabo para la selección de coordinadores de las coaliciones políticas, los cuales se considera que a pesar de estar avalados por las autoridades —el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)—, excedieron los parámetros constitucionales y legales válidos, y afectaron la equidad de la contienda.
“Para el ANIE, este punto se considera una falta a la integridad electoral que preocupa, de cara a la equidad en la elección”, indicó la organización. Además, expresó su preocupación por el contexto de violencia generalizada en el país.
“Nos preocupa el contexto de violencia del país y su posible efecto en la votación, en la capacidad de participar como persona candidata, en la posibilidad del verdadero ejercicio democrático”, refirió.
La ONG destacó que los municipios son los más vulnerables en este aspecto: “Si la fuerza impera, la democracia no puede existir. Por esto, consideramos que es crucial monitorear la situación muy de cerca: la violencia será un factor determinante para la participación electoral de la ciudadanía y para la integridad física de las candidaturas”.
“Consideramos que, desde la sociedad civil, es posible nombrar los riesgos y darle voz a la preocupación general que como mexicanos tenemos frente a un proceso electoral que empezó siendo ya distinto a todos los anteriores”, apuntó en un comunicado el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, un observatorio en el que colaboran instituciones y sociedad civil, que monitorea y evalúa el desempeño de los actores políticos y de las instituciones.
Respecto al debilitamiento institucional, mencionó, la descalificación constante de las autoridades por parte del poder Ejecutivo, los recortes presupuestales por parte del Congreso y la indebida conformación de las autoridades electorales pone en duda la capacidad operativa de las mismas para cumplir a cabalidad y con profesionalismo sus tareas.
“Instamos al Senado a priorizar la designación de las dos magistraturas pendientes del TEPJF y de las salas regionales, y al INE a llegar a los consensos necesarios a través del diálogo para nombrar a la Secretaría Técnica y a las personas titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades pendientes en el instituto”, concluyó.
