Por considerar que se atenta contra la democracia y deterioro de las vías civiles, una docena de organizaciones civiles y activistas presentaron 24 amparos en contra de la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Concretar esta adhesión representaría la claudicación del Estado de contar con una policía civil, como establece la Constitución, advirtieron el Centro Prodh, México Unido contra la Delincuencia (MUCD), Intersecta, Data Cívica, entre otras organizaciones que presentaron los amparos.
De permitirse el traspaso administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Sedena, puede ser considerado como un atentado contra la democracia y las vías civiles que se requieren para transitar a un país en paz, ya que los mandos castrenses no son la solución para pacificar al país.
Tanto activistas y las organizaciones civiles consideraron que este cambio administrativo de un grupo de seguridad que nació con naturaleza específica representa “la claudicación del Estado mexicano de contar con una policía civil federal, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Dentro de estos cambios, es notable que se diera una reforma constitucional para ampliar el plazo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028, lo que también debe ser motivo de análisis.
Consideraron que el país vive un escenario donde las Fuerzas Armadas cada vez obtienen más poder y autonomía que pone en riesgo su neutralidad, las funciones que originalmente le fueron asignadas y la propia estabilidad democrática del país.
“Estos amparos fueron presentados en un contexto donde las Fuerzas Armadas les son asignadas cada vez más tareas civiles ajenas a la seguridad, a la par que aumentan sus recursos; espían a personas defensoras de derechos humanos, universidades, periodistas”, acotaron.
CEHR
