Colectivos de víctimas, personas sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos, organizaciones y movimientos sociales, anunciaron una movilización el 24 de abril, con la que solicitarán que las autoridades federales den marcha atrás a su política de “punto final” o “borrón y cuenta nueva”.
La movilización, que también pretende que autoridades se acerquen y atiendan de manera puntual sus reclamos de justicia, verdad y no repetición, incluirá diversos puntos de manifestación, tales como la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Además, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) y la Fiscalía General de la República (FGR), informaron los activistas Santiago Ambrosio, Juventino Soria Olivo y Kenia Hernández.
Precisaron que si bien el gobierno federal ha manifestado su disposición de atender a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, en los hechos no se ha acercado con todos los colectivos ni familiares o víctimas, quienes de entrada, han dejado claro que la amnistía no es una solución.
“Ni perdón ni olvido, ¡castigo a los asesinos! ¡Presos políticos, libertad!” es el clamor unánime de los participantes al Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos “Por una verdadera justicia para todas las víctimas del país”, realizado en Arantepacua, Michoacán, del 3 al 5 de abril.
El activista Santiago Ambrosio resaltó la ausencia de justicia en los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016, en Nochixtlán, Oaxaca, donde policías federales desalojaron a profesores y padres de familia que protestaban ante las reformas educativas implementadas por la administración del presidente Enrique Peña Nieto. El operativo dejó al menos seis muertos? y 108 heridos.
El también presidente del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio de Nochixtlán, Oaxaca, consideró que a casi tres años de los hechos, no ha habido justicia para los familiares de las víctimas ni para el pueblo en general, pues nunca hubo avances concretos de las indagaciones realizadas por las autoridades correspondientes.
“La Fiscalía General de la República contesta que no hay argumentos para llevar a cabo el desahogo, por donde puedan ellos, establecer una responsabilidad de los tres niveles de gobierno en la toma de decisiones de ese 19 de junio”, indicó.
Para Ambrosio, se debe llamar a comparecer por el caso Nochixtlán al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al exgobernador de Oaxaca, Gabino Cué, así como a los excomisionados Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y de la Policía Federal, Enrique Galindo.
“Ellos son responsables de haber mandado masacrar al pueblo de Nochixtlán. Le decimos al nuevo gobierno no vamos a permitir que esta política se lleve a cabo”, resaltó.
juventino Soria Olivo, miembro del Consejo de Gobierno Comunal Indígena de Arantepacua, se refirió a la ausencia de justicia en esa comunidad purépecha, donde el 4 de abril de 2017 elementos de la policía supuestamente asesinaron a cuatro indígenas que se encontraban desarmados, además hubo saqueos y daños psicológicos a la población.
En el marco del segundo aniversario de esos hechos, indicó que su demanda de justicia continúa. “El actual gobierno quiere que perdonemos a quienes nos ofendieron, masacraron, que haya olvido, pero eso no va a suceder porque seguimos alzando la voz para que haya justicia”.
Soria Oliva consideró que se debe llevar a la cárcel a los autores intelectuales y materiales, así como al gobernador Silvano Aureoles Conejo y al subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta; “eso es lo que clamamos para que se nos haga justicia”.
En el encuentro en Arantepacua, Michoacán, además de la movilización del 24 de abril en la Ciudad de México, que partirá de diversos puntos de la capital, incluido el Ángel de la independencia, a las 9:00 horas, se acordó la creación de una campaña para visibilizar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
También, continuar el trabajo estratégicamente mediante comisiones diversas que profundizarán en el análisis de casos, a fin de impulsar una agenda amplia que cobije a los distintos grupos de víctimas.
Así como la elaboración de una metodología que permita transversalizar la perspectiva de género y visibilizar las violencias contra las mujeres, por lo cual se generarán los espacios necesarios que aseguren la participación efectiva de las víctimas.
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