La Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a reforzar la institucionalidad encargada de la búsqueda y la investigación penal de las personas desaparecidas, así como expedir y consolidar las herramientas, registros y bases de datos indispensables para una implementación efectiva, asegurando en todo momento la participación de las víctimas.
Lo anterior en el marco del sexto aniversario de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En un posicionamiento detalló que, sin una institucionalidad robusta, la carga continuará recayendo indebidamente en las familias y algunos de los avances podrían revertirse.
“La ausencia o la falta de operación íntegra de dichos instrumentos establecidos en la Ley General ha socavado la viabilidad de localizar a las personas desaparecidas y sancionar a los responsables del delito”, detalla la misiva.
En tanto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) señaló que el país se encuentra en un momento crítico, debido a que el Gobierno federal se encuentra desmantelando las estructuras creadas para enfrentar esta crisis, “una crisis que sigue desgarrando el tejido social, creando incertidumbre, temores de retrocesos y una sensación de desdén hacia las víctimas de desaparición de este país”.
De esta manera, criticó el censo carente de transparencia, metodología, y consulta con las familias y la sociedad; la significativa reducción de personal en la Comisión Nacional de Búsqueda; así como la escasa disposición política para entablar diálogo con las familias de personas desaparecidas.
“Ante los recientes cambios en el Sistema Nacional de Búsqueda, observamos con profunda preocupación y decepción los intentos del Gobierno de regresar a debates ya superados, lo que resulta en una revictimización”, destacó en un posicionamiento.
