La opacidad durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se incrementó, al rebasar hasta por 14 por ciento el acumulado de los indicadores en la misma materia correspondiente a los gobiernos juntos de sus tres antecesores.
Registros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) muestran que desde el 2003, año desde el que se tienen reportes, hasta el 2018, se presentaron 99 mil 320 recursos de revisión, pero de 2019 —primer año completo del Gobierno obradorista— hasta el 19 de septiembre del 2024, se registraron 113 mil 277 recursos.
Estos instrumentos se refieren a los medios con los que las personas cuentan para impugnar las respuestas que dan dependencias y otros sujetos obligados a las solicitudes de información que se les hacen, pues se les niega la información bajo argumentos como el que los datos solicitados son inexistentes o que están incompletos, entre otros.
Aunque una conclusión de los datos es que el número de recursos de revisión creció porque también aumentaron las solicitudes de información y datos personales cada año, la proporción de peticiones de datos que terminaron en impugnaciones también fue ascendente.
Mientras en los años anteriores, menos del cinco por ciento de las solicitudes fueron controvertidas por constituir una respuesta insatisfactoria para los solicitantes, del 2019 en adelante esto creció, incluso para alcanzar un máximo de 6.5 por ciento en el 2022. En lo que va de este 2024, el porcentaje es de 5.8.
El comisionado presidente del Inai, Adrián Alcalá, destacó que lo que ha ocurrido es que año con año la ciudadanía tiene más interés por ejercer su derecho de acceso a la información y, por ende, pregunta y busca saber más sobre las instituciones y dependencias. Incluso, vaticinó que este año se vislumbra el rebase del número de solicitudes en materia de datos personales para un año, cuyo récord hasta ahora lo tiene el 2023, con 57 mil 440.
“Significa que la gente está preguntando más, se está empoderando más porque sabe que a través del mecanismo del derecho de acceso a la información y la transparencia encuentra solución a problemáticas tan comunes y que pueden no ser para el resto de la población, pero que son importantes para las personas (en lo individual)”, dijo a La Razón.
La gente está preguntando más, se está empoderando más porque sabe que a través del mecanismo del derecho de acceso a la información encuentra solución a problemáticas tan comunes y que pueden no ser para el resto de la poblaciónAdrián Alcalá, Comisionado presidente del Inai
Como ejemplo de cómo esto abona a la solución de conflictos, mencionó un asunto resuelto por el pleno del Inai esta semana, en el cual una persona que representa a su hijo, quien vive con discapacidad, impugnó la negativa del ISSSTE para entregarle el expediente clínico bajo el argumento de que no se pudo acreditar la “personalidad” de la madre, lo cual fue considerado como algo “muy procesalista y legalista”, que termina por vulnerar los derechos de la persona, más allá de la información, pues en este caso existe el supuesto de que el expediente solicitado era requerido para acudir a otra instancia y garantizar la salud del paciente.
Frente a los planes de desaparecer al Inai, Alcalá Méndez argumentó que éste es quien abona a la justicia social, tarea que no ha concluido con lo hecho hasta ahora, pues refirió que dentro del instituto y en los entes obligados a ser transparentes existen áreas de oportunidad.
Ante las acusaciones de corrupción que se han lanzado en contra del Inai, respondió que ellos ponen sobre la mesa todos los documentos con los que cuentan, pues, además, dijo que las observaciones por inconsistencias han sido aclaradas y hasta la fecha no hay una sola denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Para subsistir a los planes de extinción, reiteró la disposición para dialogar con el Poder Legislativo, con el fin de exponer la labor que se realiza y las vías que hay para que no desaparezca, entre lo cual incluyó una posible reducción de la estructura interna, debido a que uno de los cuestionamientos también es sobre el tamaño y gasto que implica su mantenimiento.
“El aprendizaje que hemos hecho, pues, mejorar procedimientos que nos llevan precisamente a una reducción de comisionados.. hasta la propia estructura. Yo he hablado y dicho que podemos transitar con cinco comisionados e inclusive con tres. Siempre respetando la estructura, las ponencias que finalmente son quienes nos permiten estar resolviendo más de 400 quejas… ser más eficaces y eficientes, y estar precisamente a la altura de las expectativas que demanda hoy no solamente el Gobierno federal, sino toda la sociedad mexicana, que se vio reflejado en las urnas del pasado 2 de junio”, dijo.
