La Corte puede analizar y pronunciarse, dice

La oposición espera revocar la enmienda

El diputado del PRI Rubén Moreira Valdez asegura que se debe respetar la división de poderes; los consejeros del INE deben acatar la suspensión, denuncia el diputado Jaime Ramírez Barba

El diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez.
El diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez.Foto: Cuartoscuro
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Legisladores de oposición aseguraron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene todo el derecho de revisar, analizar y pronunciarse por la reforma judicial, además de que mantienen la esperanza de que la enmienda se pueda “echar abajo” con un resolutivo de su parte.

En días pasados, ocho de los 11 ministros votaron a favor de que se revise la enmienda, ya votada por el Congreso de la Unión; sin embargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arremetió en su contra al señalar que “se resisten” a que se lleve a cabo, y pese a ello, afirmó que se realizará.

En entrevista con La Razón, el diputado federal del PRI Rubén Moreira Valdez aseguró que se tiene que respetar la división de poderes, por lo que corresponde a ministros y ministras revisar si los procesos son constitucionales.

Si no se daña la parte pétrea de la Constitución (…) los ministros están en la razón de revisar la reforma judicial, pero tendremos que esperar cuál es su solución final

Rubén Moreira Valdez, Diputado federal del PRI

“Esto es, si no se daña la parte pétrea de la Constitución, es decir, aquella que tiene normas fundamentales que no pueden ser cambiadas por el constituyente permanente, porque son propias de un constituyente originario. Los ministros están en la razón de revisar la reforma judicial, pero tendremos que esperar cuál es su solución final”, explicó.

Respecto a las declaraciones de la ministra Lenia Batres, en las que asegura que sus colegas en la SCJN quieren hacer un golpe de Estado, mencionó que “es una frase impropia”, ya que también se puede aplicar a quienes no aceptan el amparo y los efectos de la suspensión; “yo hago votos para que haya una prudencia en todos los actores”, agregó.

Moreira Valdez dijo que Morena se está apropiando “de manera ilegítima” de facultades que no tiene y que no le concedió el pueblo, pues con 54 por ciento de los votos ciudadanos quiere resolver como si tuviera 75 por ciento.

Mencionó que si los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) siguen con el proceso de la elección de jueces y magistrados, entran también en desacato, pues si bien dijo que los políticos obedecen a intereses “políticos”, los jueces lo hacen a la justicia, y el freno de cualquier tipo de interés “es precisamente la justicia”.

A mí me parece muy bien que los ministros hayan decidido entrarle al estudio de la reforma judicial, ya que es algo serio y el país debe estar atento

Éctor Jaime Ramírez Barba, Diputado del PAN

Al respecto, el diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez Barba criticó las declaraciones de Sheinbaum Pardo, al señalar que se deben respetar las resoluciones y disposiciones de la Corte, pues lo que quiere hacer Morena “es apropiarse” de todos los poderes y lo que señala la Presidenta de México, dijo, es que sólo se haga caso de lo que ella señala.

“Uno es el Poder Ejecutivo, el otro es el Poder Judicial, sino, quitamos todos los poderes y hacemos lo que diga ella. A mí me parece muy bien que los ministros hayan decidido entrarle al estudio de la reforma judicial, ya que es algo serio y el país debe estar atento”, expresó.

Indicó que con el análisis que hará la SCJN se abre la posibilidad de “echar abajo” la reforma, ya que está viciada desde el inicio, y por ello, dijo, se debe ver primero cuál será la metodología para el análisis y confirmar si existen posibilidades de revertir la reforma.

El panista advirtió que los consejeros del INE deben acatar la suspensión temporal y no hacer caso a las órdenes del diputado Ricardo Monreal Ávila, quien les dijo que continuarán con la implementación de la elección judicial. Añadió que ya se metió al tema la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las decisiones o resoluciones que diga tienen que acatarse por parte del Gobierno federal.