A pesar de que 89.8 millones de mexicanos están afiliados a alguno de los servicios de salud pública, 45.9 por ciento de ese universo prefiere el uso de consultas en farmacias adyacentes, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Al respecto, el doctor Vladimir Román Castillonájera dijo a La Razón que los anteriores datos son “alarmantes”, ya que la población no ha hecho conciencia respecto “a lo que esto significa en el sistema de salud pública”.
Indicó que si organismos como la OPS tienen estas referencias es “porque algo muy malo está ocurriendo en el sistema de salud pública”.
Según las estadísticas de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), actualmente existen 18 mil consultorios adyacentes de farmacias (CAF) en el país, en los cuales trabajan cerca de 36 mil médicos generales, quienes atienden alrededor de 10 millones de consultas al mes, y el mismo estudio afirma que, cada mes desde que se inició el 2023, ha ido en aumento la solicitud de consultas en los llamados consultorios adyacentes, que además, refiere, son un potencial riesgo de explotación laboral para los médicos.
Los servicios públicos están paralizados, ya sea porque la gente no quiere recibir malos tratos, no quiere citas de tiempos hiperextendidos, o simplemente a veces o casi siempre no hay medicamentos que les recetanAna Rivas Flores, Especialista en economía de la salud
“Ya viví esa experiencia: el dueño de una farmacia en la que yo trabajaba, aquí en la Ciudad de México, revisaba constantemente la caja registradora y luego me decía, molesto, incluso era prepotente: ‘Oiga doctor, no se le olvide que esto es un negocio; cada una de sus recetas debe estar arriba de los 400 pesos de medicamento’”, refirió Román.
Especialistas consultados por La Razón coincidieron en que el Gobierno no ha querido aplicar el artículo 41 del Reglamento para la Prestación de Servicios Médicos, en el que se estipula que tanto a la Secretaría de Salud como a la de Economía les corresponde fijar el precio de las consultas generales.
Román Castillonájera indicó que la población corre el riesgo de ser “recetada de manera errónea, por un bajo costo, ya que lo que se ahorran en consulta, siempre se invertirá en medicamento, y de ello sólo ganan los dueños de las farmacias, debido a que ellos exigen al médico que recete lo que ellos quieren vender y no lo que el paciente precisamente requiere. Es un monopolio muy peligroso en el país”, dijo.
La doctora Ana Rivas Flores, especialista en economía de la salud, expuso que “los servicios públicos están paralizados, ya sea porque la gente no quiere recibir malos tratos, no quiere citas de tiempos hiperextendidos, o simplemente a veces o casi siempre no hay medicamentos que les recetan y por ello se terminan atendiendo en CAF.
Rivas Flores dijo que, si bien la mayoría de la población del país cuenta con afiliación a algún servicio público de salud, “es importante no perder de vista que esto no necesariamente se traduce en un acceso efectivo, pues el 45.9 por ciento de la población que se atendió en el sector privado en el 2022, es derechohabiente de los servicios públicos de salud, pero no quiere hacer uso de ellos”.
