El Presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la expropiación de la planta productora de hidrógeno U-3400, ubicada en Tula, Hidalgo, que había sido vendida en 2017 a la empresa Air Liquide en 52 millones 700 mil dólares por Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
La orden presidencial establece que la planta deberá ser ocupada en lo inmediato y tendrá que suministrar el hidrógeno para la producción de gasolinas y diésel.
“Se declara de utilidad pública la conservación y prestación del servicio de suministro de hidrógeno, su uso, aprovechamiento, operación y explotación, y demás mejoras de la Planta Productora de Hidrógeno U-3400, ubicada en la fracción de terreno de seis mil 451 metros cuadrados al interior de la Refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula de Allende, estado de Hidalgo”, indicó.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que se ordena la ocupación temporal —no da detalles de dicha temporalidad— inmediata a favor de Pemex Transformación Industrial como empresa productiva del Estado subsidiaria de la petrolera, del uso, aprovechamiento, operación y explotación de la planta de hidrógeno U-3400; los demás bienes, derechos e instalaciones necesarios para la prestación del servicio o la adecuada operación de la planta ya señalada.
En el mandato, López Obrador justificó su orden por el aumento de la demanda de hidrógeno para reducir el uso del azufre, más contaminante, en la elaboración de productos petrolíferos, así como la soberanía energética.
“Actualmente no existe autonomía de suministro de hidrógeno porque hay dependencia de un tercero y la planta U-3400 es la única fuente de suministro de hidrógeno para el proceso de la Refinería Miguel Hidalgo, lo que pone en riesgo la producción principal de gasolinas y diésel”, indicó el decreto.
En el 2017, Pemex se asoció con Air Liquide para que ésta le suministrara hidrógeno por 20 años, en un intento del entonces gobierno mexicano para reducir costos de la petrolera estatal.
En el contrato de entonces, se acordó que Air Liquide operaría la planta ya existente en la refinería e invertiría en una segunda planta para suministrar el total del hidrógeno requerido para los proyectos de ampliación de la refinería en Tula.
De acuerdo con el decreto publicado ayer en el Diario Oficial, el pago que hace Pemex por el hidrógeno “encarece los costos de suministro de hidrógeno a bajos niveles de proceso de crudo”, lo que no resulta rentable para la empresa estatal.
El decreto presidencial ordenó la ocupación inmediata por Pemex, mediante el pago de una indemnización que fijará el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).
En dicho ordenamiento presidencial se fijó un plazo de 10 días hábiles para que la compañía propietaria de la planta productora de hidrógeno pueda iniciar, si así lo determina, un procedimiento judicial, “con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización”, anotó.
“Pemex Transformación Industrial ha realizado un importante esfuerzo por consolidar el equipamiento y la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades, entre ellos, en el Sistema Nacional de Refinación”, destacó el decreto emitido ayer por López Obrador.
Cabe señalar que el 12 de mayo del 2021, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, comentó que el Presidente de la República les había ordenado negociar la recompra de las plantas de hidrógeno ubicadas dentro de las refinerías de Tula y Madero, privatizadas durante la administración de Peña Nieto.
En aquel momento, el funcionario de la petrolera mexicana detalló que en el caso de la planta de Tula se recibieron casi 53 millones de dólares y para el 2021 se habían pagado en compra de hidrógeno el 94 por ciento del monto de venta.
Buscan acuerdo para comprar minera Calica
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ahora se busca un acuerdo con Vulcan Materials para adquirir la empresa minera Calica, predio localizado en Playa del Carmen del que la empresa extrae materiales para llevarlos a Estados Unidos, y cuyo avalúo ha sido establecido en seis mil millones de pesos.
El mandatario señaló que es la canciller Alicia Bárcena, quien está al frente de la negociación en espera de que se pueda concretar la compra para detener la explotación de la zona a la cual se busca declarar un Área Natural Protegida.
“Se les está proponiendo comprarles el terreno. Fueron dos más de dos mil hectáreas en Playa del Carmen y no pueden utilizar ese terreno que es selva; además, está en una de las zonas más bellas del mar Caribe, es una zona turística completamente y ellos tienen ahí un banco de grava y se llevan el material a Estados Unidos, es una destrucción completa”, dijo.
El plazo para concretar la recuperación de la zona por medio de una compra es de tres meses.
Al señalar que la ocupación de la empresa sobre el territorio mexicano en aquella zona turística representa una violación a la Constitución y derechos, el Presidente dijo que este asunto debe quedar resuelto antes de concluir su Gobierno, de lo contrario, se convertiría en un cómplice. El plazo para concretar la recuperación de la zona es de tres meses, indicó.
“Yo lo tengo que dejar resuelto, si no imagínense ¡cómo quedo!, o sea, primero el daño que causa, pero terminaría como cómplice porque no se sabe que se está cometiendo un delito, se está afectando al medio ambiente, el interés de la nación. Tiene uno que actuar, más si es autoridad, si se está violando la Constitución, las leyes”, comentó el mandatario.
Espera, dijo, que la empresa “entre en razón”, pues pese a que se les ha hecho la propuesta “están aferrados” a quedarse con el terreno, por medio de gestiones con el Congreso de Estados Unidos”.
