El paro de labores que realizarán los trabajadores del Poder Judicial el 19 de agosto sería un delito grave al violar el artículo 17 de la Constitución, advirtió el líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, tras asegurar que "están mal informados" y llevados a un camino sin retorno por parte de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.
"Al irse a paro, jueces y magistrados violan flagrantemente el artículo 17 de la Constitución que establece que la justicia debe de ser expedita y pronta, porque de lo contrario obstaculizar, obstruir o detener el acceso a la justicia es un delito grave contra la administración de justicia", advirtió.
En entrevista en la Cámara alta dijo que los trabajadores de PJ están mal informados sobre el contenido y los alcances de la Reforma Judicial, ya que no hay una sola palabra en la iniciativa que atente contra sus derechos laborales.
“Yo no creo que los trabajadores tengan algún propósito de manifestarse, a menos que ellos estén mal informados, pero les aseguro, les doy mi palabra, que no hay una sola palabra, un solo párrafo, que afecte el derecho de los trabajadores del Poder Judicial”, declaró.
Esta mañana acudió al recinto legislativo la directora del Colegio de secretarios y actuarios de la Judicatura federal, Rosa Elena Alonzo, quien amagó con la suspensión de labores de más de 55 mil empleados del Poder Judicial.
Al preguntarle sobre si la ministra Norma Piña, presidenta de la SCJN, está detrás de las manifestaciones de inconformidad de los trabajadores del PJF, Monreal Ávila demandó que deje de presionarlos o llevarlos a transitar un camino sin retorno.
"Creo que Norma Piña, como presidenta de la Corte, no debería presionar, ni hacer caminar a los trabajadores a caminos sin retorno. Yo preferiría el diálogo, no me gusta la confrontación. A pesar de que podemos tener mayoría calificada, nosotros vamos a abrir el diálogo con todos", dijo, y agregó:
“Pero no me gusta porque (a la ministra) le falta diplomacia, pericia, inteligencia para poder llevar a cabo una relación de colaboración y coordinación entre los Poderes. Para mí, ése ha sido uno de los puntos centrales del desencuentro que existe del Poder Judicial con el Poder Legislativo y Ejecutivo”, mencionó.
El legislador zacatecano desmintió a los funcionarios del Poder Judicial que aseguran que serán despedidos 10 mil empleados de confianza una vez que entre en vigor la pretendida reforma judicial.
“No, hombre, no es cierto eso. Es falso que se vaya a despedir gente. La propia Constitución, en uno de sus transitorios, establece que eso no ocurrirá”, sostuvo.
Previamente, Rosa Elena Alonzo, directora del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal y presidenta de la agrupación Justicia Independiente, advirtió que, de aprobarse la enmienda, cerca de 10 mil empleados de confianza ya no tendrán trabajo.
Agregó que los trabajadores del PJF prevén acudir a instancias internacionales en caso de que el Congreso de la Unión apruebe en sus términos la iniciativa.
Al respecto, el senador perredista Miguel Ángel Mancera, quien acompañó a la funcionaria, calculó que dicha reforma constitucional sustituiría a más de mil 700 personas de un solo golpe.
“Si se habla de esta sustitución con ellos, podría salir personal de confianza. ¿Cuál sería el personal de confianza? Estamos hablando, en el caso de magistrados, aproximadamente por cada magistrado cuatro proyectistas; por cada juzgador, siete proyectistas. Eso ampliaría una sustitución de golpe a otros miles de personas”, alertó.
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