Con el proceso electoral presidencial más amplio en la historia ya en marcha, los partidos políticos nacionales y locales arrastran deudas por 152.1 millones de pesos, únicamente correspondientes a irregularidades en materia de fiscalización, derivadas de investigaciones realizadas en este 2023.
El Instituto Nacional Electoral (INE) detalló que ha sustanciado, sólo en este año, 171 procedimientos sancionadores en contra de varios actores políticos y partidos, tanto a nivel federal como local.
No obstante, aún está pendiente la resolución de otros 205 procedimientos sancionadores, que podrían incrementar las multas aplicadas a las fuerzas políticas e impactar los recursos para sus respectivas campañas.
La consejera Carla Humphrey explicó que ha habido un incremento constante en el número de procedimientos en contra de los partidos y sus aspirantes y recordó que se espera que para el 2024 se incrementen los procedimientos de revisión, como es de esperarse, ante el desarrollo de los comicios en todo el país.
La funcionaria apuntó que tan sólo en el 2017, un año antes de la pasada elección presidencial, se registraron 143 procedimientos sancionadores y ahora ya suman 171, pero todavía falta un corte final del cierre del año.
Del monto por 152.1 millones de pesos que acumulan los partidos, correspondiente a este año, la mayor cantidad es del PRI, con 138.1 millones de pesos, que representa el 90.7 por ciento.
También registran multas Morena, con 6.5 millones de pesos; el Partido del Trabajo, con 3.7 millones, y Acción Nacional, con 1.4 millones.
Con montos inferiores al millón de pesos se encuentran Movimiento Ciudadano, con sanciones por 844 mil pesos; el PRD, con 80 mil pesos, y el Partido Verde, con 23 mil pesos.
El Instituto Nacional Electoral también aplicó sanciones a los partidos políticos locales, que van desde amonestaciones públicas a Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, hasta multas económicas, que en el caso de Fuerza por México Colima asciende a 39 mil pesos; Nueva Alianza Estado de México, 10 mil 400 pesos, y Nueva Alianza San Luis Potosí, mil 400 pesos.
Sin embargo, el órgano electoral denunció que uno de los principales problemas que tienen para avanzar en el castigo para quienes incurren en faltas a la legislación electoral en materia de fiscalización es la obstrucción de otras dependencias e instituciones.
Humphrey Jordan señaló la responsabilidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Secretaría de Economía (SE), por no entregar la información que el INE les ha solicitado, de modo que se puedan sustanciar los 205 asuntos pendientes de este año.
De acuerdo con un informe de la Comisión de Fiscalización del INE, uno de los principales problemas que ha registrado es la falta de respuesta y en el tiempo estipulado para que distintas instancias respondan a las peticiones de información que realiza para verificar el manejo adecuado de los recursos.
Detalla que, por ejemplo, en el acumulado de los últimos nueve años, la CNBV no ha respondido 315 requerimientos, además de que tarda hasta cinco días sólo para el acuse de recepción de oficios.
En el caso de la UIF, de 64 solicitudes, la autoridad electoral administrativa únicamente ha recibido siete respuestas, lo que representa que el 89 por ciento de las peticiones no han sido atendidas.
Esta no es la primera vez que el instituto acusa la falta de atención por parte de otras instituciones, ya que en informes previos de la comisión se ha establecido el incumplimiento a las solicitudes del órgano electoral.
