Gerardo Nieto, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana en México (CGAM), advirtió que, “quien sea electo ministro, debe ser independiente de cualquier ideología política y tener respeto a la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF)”.
En entrevista con La Razón, se refirió a la terna que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir al ministro Arturo Zaldívar, que renunció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y consideró que “un mayor cumplimiento a las normas éticas mejoraría sustancialmente este noble fin”.
Agregó que “hoy en día es impensable ejercer la profesión, bajo cualquiera de sus modalidades, sin un conocimiento razonable para una mejor impartición de justicia, libre de dogmas políticos”.
El jurista se sumó al pronunciamiento de varias barras de abogados, que han puesto énfasis en que la próxima ministra o ministro en la SCJN debe tener antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica y una carrera real y reconocida en el ámbito.
Quienes han suscrito los pronunciamientos son: Víctor Olea Peláez, de la Barra Mexicana de Abogados; Nuhad Ponce Kuri, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, y Arturo Pueblita González, de Colegio de Abogados de México.
La propuesta presidencial, que busca llenar la vacante dejada por Arturo Zaldívar, ha desatado críticas sobre la posible pérdida de autonomía del PJF.
Especialistas como Tulio Salanueva y Alberto Woolrich también expresaron su preocupación, al destacar la importancia de seleccionar a ministros sin intereses partidistas o ideológicos.
Los abogados puntualizaron que se requiere nombrar a una persona independiente ideológica y políticamente, que fortalezca y respete absolutamente la independencia del PJF, cuya función solemnemente se puede cumplir con imparcialidad, sin sujeción a intereses partidistas.
Destacaron que la elección de quien habrá de ocupar el cargo de ministro o ministra constituye “un ejercicio de colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, quienes deben dar cumplimiento a los requisitos de la Constitución”.
Dichos requisitos no son sólo de carácter formal, sino que se deben cumplir los relativos a la buena reputación, la capacidad y probidad, dando preferencia a quienes hayan servido con eficiencia en la impartición de justicia o se hayan distinguido por su honorabilidad y competencia.
“Se trata de hacer asignaciones que nutran al Poder Judicial y que tengan una carrera judicial honorable y llena de experiencia, no porque seamos amigos de alguien o por la cercanía política que se tiene con el mandatario”, refirió Andrea Sánchez Maldonado, miembro del Colegio de Abogados de México.
Con la terna buscan una Corte a modo, advierten
La terna propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir al ministro Arturo Zaldívar no sorprende a nadie, ya que con perfiles impresentables técnica y políticamente, pretende apoderarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así lo afirmó Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tras señalar que con cualquiera de estos perfiles “busca una Corte a modo”.
“Es lamentable que se premie a dos funcionarias (Bertha Alcalde y María Estela Ríos) que han mostrado una incapacidad para desempeñar cargos en la Consejería Jurídica, y que mucho menos tienen el mérito técnico para estar en la Corte.
“Si a esta incapacidad en lo jurídico, en lo técnico, le sumamos la cercanía personal, política y hasta partidista en un caso de Lenia Batres, creo que sí, francamente, esto es una propuesta que no cumple con lo que se esperaría para la Corte”, sostuvo.
Itzel Checa, coordinadora general del Observatorio Designaciones Públicas, advirtió que es necesario que la terna que propone el Presidente esté conformada “sin cuotas ni cuates”. Por su parte, Francisco Burgoa afirmó que el mandatario “quiere en la Corte a una empleada que defienda la llamada 4T y no a una auténtica ministra que sea autónoma”.
Cecila Sánchez, quien recientemente se exilió de Morena y se sumó a las filas del PRI, aseveró a La Razón que “se trata de nepotismo del Gobierno”, al proponer a familiares de integrantes del partido.
