Un proyecto impulsado por organizaciones sociales con autoridades federales de varias administraciones para crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios lleva 20 años en la “congeladora”, lamentó Diana Luz Vásquez, dirigente de la Red Nacional de Deudores Alimentarios.
En entrevista con La Razón, Luz Vásquez indicó que es necesario contar con un padrón confiable a nivel nacional, pues sólo existen siete a nivel estatal y tienen deficiencias.
En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reprogramó para el miércoles de la próxima semana la discusión del proyecto de sentencia que abriría la puerta a la despenalización del incumplimiento con el pago de pensión alimenticia.
Los dirigentes de diversos colectivos estaban seguros de que la discusión en la Primera Sala sería este día porque cuando un asunto se queda enlistado, como ocurrió la semana pasada, se pasa automáticamente para la siguiente sesión.
Sin embargo, por alguna razón la Corte decidió que en este caso no se discutiera este miércoles, sino hasta el siguiente.
Luz Vásquez comentó que desde hace por lo menos 20 años se busca crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que esté a cargo de la Secretaría de Gobernación para tener ubicados a quienes incurran en esta práctica y poder aplicar medidas restrictivas.
Sin embargo, dijo, durante todos estos años algunos funcionarios de ciertas dependencias se han mostrado interesados y hemos avanzado, pero tarde o temprano el asunto se vuelve a atorar en la burocracia.
“Hemos tenido una complacencia hacia este tipo de delincuentes, todavía después de que hay muchas propuestas de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios no se consolida, se siguen echando la bolita, que el DIF Nacional, que la Secretaría de Gobernación, que el Poder Judicial; entonces nosotras a partir de nuestra experiencia como mamás autónomas nos fuimos agrupando para visibilizar el problema”, acusó.
Dijo también que los colectivos por los derechos de las mujeres y los niños consideran que debe haber un registro en el extranjero, pues en estados como Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas y otros, que presentan un alto índice de migración, es frecuente que los padres se vayan del país y se olviden tanto de los hijos como de las madres.
La activista aseveró que además de crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, a quienes incurran en esta práctica se les deben poner restricciones como aparecer en el buró de crédito y enterar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que no usen prestanombres en la captación de recursos y se nieguen a pagar la pensión.
Mencionó que en el país hay aproximadamente 30 millones de “madres autónomas”, las cuales tienen que vivir con el discurso romántico de que ellas deben y pueden velar por el bienestar de los hijos, cuando en realidad también podría haber 30 millones de padres “irresponsables y delincuentes”.
La activista explicó que ante la falta de interés de las autoridades por resolver este problema que violenta tanto a las mujeres como a cerca de 45 millones de menores que no tienen garantizada la alimentación, la educación y la seguridad social, que colectivos decidieron colocar tendederos de deudores e impulsar la denominada Ley Sabina.
Detalló que por medio de esta iniciativa se busca impulsar 40 reformas legislativas en materia civil y penal, “para hacer más eficientes los procesos jurídicos que enfrentan las mujeres”.
Prevén efecto negativo en proyecto de ministro
La propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con la que busca amparar a un deudor alimentario para que pague la reparación en plazos y se revoque la sentencia en su contra, es un retroceso para los derechos de los menores de edad, pero también una oportunidad para reformar el Código Penal de la Ciudad de México, con el fin de que los criterios de sanción sean precisados, opinó Francisco Hernández, presidente del despacho jurídico Lex Pro Humanitas.
Al apuntar que existe un incremento del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, el abogado señaló que la propuesta del ministro no le parece procedente, pues argumentó que se le está otorgando un amparo a alguien que “fue omiso al cumplir con sus obligaciones y está favoreciendo más el derecho del agresor que el derecho o interés superior de la niñez”, dijo.
Debido a que el asunto involucra al Código Penal local, Hernández advirtió un “efecto negativo”, por “el alto grado de incumplimiento” en la capital, pero también porque se desarrolla en medio de una discusión que ha cobrado relevancia dentro y fuera del Congreso: el avance de la lucha contra la violencia vicaria, descrita como aquella que busca dañar a la mujer a través de sus seres queridos, específicamente sus hijas e hijos.
No obstante, Francisco Hernández planteó que la propuesta del ministro debería llevar a que el Código Penal capitalino sea reformado en su artículo 193, sobre el cual se sostienen los argumentos del proyecto.
Dicho de otra forma, el especialista señaló que el quejoso recibió una sentencia, quizá no correspondiente, por la falta de precisión en las penas señaladas.
Además, encontró que esto vulnera el principio de la última ratio, el cual se refiere a que privar de la libertad debe ser lo último “y más al tratarse de una cuestión de orden familiar… es muy debatible”.
Ante las inconsistencias encontradas desde los lineamientos del artículo 193 para abordar las sanciones de este delito, dijo, “el llamado es a ahondar en el tema para que subsista la última ratio; es decir, primero llámalo, adviértele que tiene que cumplir, fíjale una multa o una garantía de la pensión y, si aun así sostiene su no intención de no proveer, ahora sí hablamos de penalizar, pero como no lo establece, es lo complicado”.
