En una escalada en la tensión que ha producido el tema de la reforma al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) subrayó que la ministra Norma Piña Hernández se mantiene al frente de la presidencia y que, incluso, va a formular una propuesta propia en agosto, a partir de un foro que ella misma va a encabezar el próximo lunes.
Luego de que se dio a conocer una supuesta solicitud de la ministra Yasmín Esquivel para que Piña Hernández renuncie a su cargo, la Corte salió al paso y aclaró que la ministra presidenta “continúa con los trabajos jurisdiccionales y administrativos inherentes a su cargo”, y que incluso mantiene diálogo con los poderes Ejecutivo y Legislativo, de cara a la reforma judicial.
La precisión se da después de los cuestionamientos que han surgido en torno de la capacidad de interlocución de la ministra presidenta, y de que ella misma declaró a un diario español que se encontraba “negociando”.
De hecho, ayer la ministra Yasmín Esquivel aclaró que lo que pidió fue valorar la conveniencia de que Norma Piña se mantenga como interlocutora del Poder Judicial de la Federación.
La Suprema Corte indicó que la presidenta del alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) encabezará, el próximo lunes, el último de 14 foros del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia.
Se trata, evaluó, del “mayor esfuerzo de escucha a ciudadanas y ciudadanos para formular en agosto una propuesta con base en dichos foros para una reforma judicial”.
Este martes se conoció que la ministra Esquivel Mossa habría pedido la renuncia de Norma Piña como ministra presidenta, durante una sesión privada ocurrida el lunes pasado en la Corte, porque con su gestión las relaciones con los otros dos poderes de Gobierno han decaído y no se tiene capacidad de interlocución con ellos.
Sin embargo, Yasmín Esquivel explicó ayer, en una entrevista de radio, que su planteamiento fue para hacer una “reflexión” en torno a si la figura de Norma Piña es la “interlocutora” adecuada para entablar comunicación con el Poder Legislativo.
Explicó que la propuesta obedece a que, desde hace un año y medio, la Suprema Corte se ha aislado en las pláticas con los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que ha entorpecido que en la opinión pública se conozca el sentir de los demás ministros.
“Yo lo que planteé en la sesión privada es la necesidad de una reflexión sobre considerar la conveniencia de que la ministra Norma Piña permanezca como una interlocutora con el Poder Legislativo, que analiza la reforma al Poder Judicial”, dijo.
“Si queremos continuar con este camino, que durante año y medio se ha venido dando, donde es evidente el rompimiento del diálogo con los otros dos poderes, y la necesidad de interlocución para que se escuche la voz de los ministros, magistrados y jueces”, agregó Esquivel.
Sobre la renuncia, señaló que todos los ministros expresaron sus opiniones, así como la necesidad de seguir dialogando esta petición, y acerca de la respuesta de la ministra Piña, dijo:
“La ministra fue receptiva a la inquietud y quedamos de seguir platicando para construir al interior de la Corte para una posición que se lleve al Legislativo, que analiza la reforma”, aseguró.
Debido a esta escalada en la crispación que se ha dado en torno de la propuesta de la reforma judicial, la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJ) manifestó su sororidad con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández.
“El compromiso de las mujeres juzgadoras que integramos esta asociación es institucional con el ejercicio de la función que con responsabilidad desempeñamos en el Estado Mexicano en beneficio de la población, y nuestra sororidad y apoyo es para usted, unidas en la construcción del país de instituciones sólidas que garanticen el ejercicio de nuestros derechos humanos”, expresó.
En un comunicado firmado por la presidenta de la AMJ, magistrada Hortencia María Emilia Molina de la Puente, se indicó que las y los jueces deben alejarse de la política.
AMLO rechaza ceder en la reforma judicial
Al reconocer tácitamente que no va a ceder, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que no habrá “concertacesiones” en la discusión de la reforma judicial para solicitar la renuncia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a cambio de “suavizarla” o que salga “descafeinada”.
Dejó en claro que no hace falta que renuncie nadie a su cargo para sacar adelante dicha reforma, como se dijo el lunes en una reunión privada en la propia Corte, donde la ministra Yasmín Esquivel habría solicitado negociar “la cabeza” de Piña para destrabar la discusión.
“No, no, no, eso (las ‘concertacesiones’) es del tiempo de la corrupción y el autoritarismo, no debe haber ese tipo de negociaciones. No, es que no es una ‘concertacesión’, como era la costumbre en la época de Salinas; no, no, no, que sea de conformidad con la Constitución y con la ley, el procedimiento está muy claro”, dijo.
En conferencia habitual en Palacio Nacional, puntualizó que sólo se requiere que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma al Poder Judicial, realizar un buen análisis y diagnóstico de ello.
“Y no es una cosa en contra de la señora Piña. Ella llega ahí (presidencia de la Corte), desde luego tiene procedimientos que uno no puede aceptar o compartir, pero no sólo es ella, es una crisis del Poder Judicial. Y, ¿cómo se enfrenta una crisis, cómo se enfrenta una decadencia? Con una reforma, con una transformación, no parchando”, aseguró.
Sin embargo, insistió: “Para qué negociar. A ver, ¿qué pasa si renuncio? ¿Podrían ustedes aceptar si yo renuncio, si dijera un ministro, una ministra, podrían ustedes aceptar que nada más se eligieran a los ministros y no a los magistrados y a los jueces? No, no. O ‘sí aceptamos, renunciamos o vamos a aprobar la reforma, pero que no dejemos nuestros cargos hasta dentro de tres años’. No, que lo decida la legislatura y luego que lo decida el pueblo”, resaltó.
Al asegurar que va bien el proceso de discusión de la reforma judicial en el Poder Legislativo, el jefe del Ejecutivo federal opinó que no se puede hacer lo mismo que el entonces presidente Ernesto Zedillo, cuando quitó a todos los ministros de la Suprema Corte, “claro, negociado”.
Eso se podría, abundó, pero “no debe seguirse esas prácticas, eso no ayuda. Porque a todos les dio su pensión vitalicia, bono y todo, bien atendidos, y él puso a los nuevos. Y, ¿qué resolvió? Nada”.
Cuestionado sobre si saldría una reforma judicial “descafeinada” a cambio de la renuncia de Norma Piña, López Obrador aclaró que nada de eso.
“No, no. Eso de descafeinado lo inventaron los centristas o de la llamada izquierda moderna de Europa, el socialismo descafeinado o políticas descafeínas (…) No, no, qué descafeinado ni qué nada. ¿Qué es eso de descafeinado?, no, no, no”, sostuvo.
Expresó su respeto a los ministros de la Corte y dijo que el mejor método para resolver los problemas al interior es el método democrático de preguntar al pueblo, para no equivocarse.
“Independientemente de cualquier cosa, el juez, el magistrado, el ministro se van a sentir libres, no le van a deber el favor a ningún grupo de interés creado, a ningún político, a ningún potentado; los va a elegir el pueblo”, concluyó.
Prevén 3,500 mdp en costo para elegir jueces y con fideicomiso
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que el costo de la elección de mil 600 jueces, magistrados y ministros tendría un costo de entre tres mil y tres mil 500 millones de pesos, por única ocasión, recursos que podrían obtenerse de los 23 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial (PJ).
En la inauguración del tercer foro de los Diálogos Nacionales para la Reforma Judicial en Toluca, Estado de México, afirmó que para el movimiento de la Cuarta Transformación (4T), la austeridad sí es un deber, una política de Estado, desde que inició el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Mucha gente se pregunta cuánto costará organizar la elección de los mil 600 ministros, jueces y magistrados. Es un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y con personal del INE, a quienes le faculta esta responsabilidad, pudieran erogarse entre tres mil y tres mil 500 millones de pesos la elección, por única ocasión”, dijo.
“La propuesta de reforma establece que luego de que sea aprobada se llevarán a cabo actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, y contratos análogos que no estén en una ley secundaria. Se contará con un plazo de 90 días para retornar los recursos remanentes a la Tesorería”, indicó.
Ante la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier; el presidente del Tribunal de Justicia mexiquense, Ricardo Sodi, Monreal enumeró cada uno de los beneficios estratosféricos que tienen los ministros de la Corte.
Aseguró que con la reforma al Poder Judicial propuesta por el jefe del Ejecutivo federal y apoyada por Claudia Sheinbaum, se pondrá fin a las pensiones vitalicias y a los haberes de retiro que hoy perciben los ministros.
“La reforma establece que ministros y ministras no serán beneficiados con el haber de retiro. La gente nos pregunta qué es, es el salario al 100 por ciento en los primeros dos años y 80 por ciento siguientes años hasta su muerte. El total del sueldo tabular de ministros es de 300 mil pesos, aproximadamente, que se integra por sueldo base, compensación garantizada”, detalló.
Polemizó con el magistrado Sodi Cuéllar a quien le señaló las remuneraciones de los servidores públicos en funciones, tanto del Poder Judicial federal como de los poderes judiciales de los estados, no podrán ser mayores de las establecidas para el Presidente de la República.
“En el caso de las entidades federativas y sus legislaturas locales, una vez aprobada la reforma, tendrán un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones a las leyes locales. Es decir, señor presidente del Tribunal aquí en el Estado de México, viva la austeridad también para usted”, advirtió el coordinador guinda.
Monreal Ávila añadió que el haber de retiro contempla aguinaldo de 568 mil pesos, 40 días en sueldo, a pesar de no estar en activo; seguro de vida por 12 millones; pago por defunción de un millón 189 mil pesos; pago por riesgo de 640 mil pesos en los primeros años; prima vacacional de 95 mil 474 pesos, representan 10 días de sueldo.
Además, abundó, cuenta con cinco personas de apoyo, incluyendo dos choferes de servicio, tres técnicos, pagados por el erario; reembolso por la compra de medicamentos total; cinco personas más de seguridad; dos Suburban de tres millones de pesos cada una; apoyo para gasolina de 22 mil pesos mensuales.
Claudia pide investigar “actuar político” de juez
La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió que se investiguen los motivos que tuvo el juez Rodrigo de la Peza al haber resuelto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nombre ya a los dos magistrados que le faltan, de cara a la calificación de la elección presidencial, y consideró que actúa políticamente.
En conferencia, aseguró que el juzgador no tiene jurisdicción en temas electorales, porque la Constitución señala que es el TEPJF el que debe resolver en última instancia la elección presidencial.
“Este juez es el mismo que concedió efectos contra la Ley de la Energía Eléctrica; es un juez que no es la primera vez que hace suspensiones frente a acciones que hace el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo”, dijo Sheinbaum Pardo.
Señaló que la Constitución especifica claramente que, en materia electoral, el máximo organismo de decisión es el Tribunal Electoral; por tanto, cuestionó el accionar de un juez de amparo, “exigiéndole algo” al mismo tribunal.
“Un juez que actúa políticamente; entonces, le exige a la Sala Superior que nombre a dos (magistrados), cuando, hasta donde entiendo, se requiere de uno más para poder calificar la elección presidencial”, explicó.
La virtual Presidenta electa aseguró que quien debe enviar los nombres al Senado para su aprobación es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); por ello, dijo que ese juez no tiene “nada que estar haciendo en un tema electoral”.
Sheinbaum Pardo señaló que, por ese motivo, es muy importante la reforma judicial y lo que se discute actualmente en los foros de parlamento abierto, pues aseguró que un juez de amparo o de circuito no puede estar opinando en temas electorales, ya que está fuera de la Constitución.
“Yo lo que creo es que se investiguen las razones que tiene este juez y por eso digo que tiene razón la secretaria de Gobernación en plantear este tema”, agregó.
Especificó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) debe investigar al juez, ya que está totalmente fuera de sus funciones, y descartó que haya riesgo alguno en la calificación de la elección, a pesar de que la Sala Superior del TEPJF, encargada de dicha tarea, está incompleta.
“No hay riesgo en la elección ya que, si bien hay impugnaciones, no hay problemas”, dijo, y adelantó que podría ser en agosto cuando le otorguen su constancia de mayoría.
Cuestionada sobre la reforma judicial y la posibilidad de que entren personas que favorezcan delincuentes, dijo que es importante la misma, ya que son los jueces quienes liberan a delincuentes y reprochó que de eso no se habla.
“Hay muchos abogados que están de acuerdo en la elección de jueces, pero hay que revisar las propuestas que se realizan en los foros. Lo importante es que se van a designar a jueces por voto popular”, dijo.
Por otra parte, informó que ya sostuvo una reunión con los titulares de las secretarías de Salud, Economía y Hacienda para desarrollar los polos de bienestar a los que se comprometió y aprovechar la inversión. Además, adelantó que seguirán las giras con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Sí tengo jurisdicción”, se defiende De la Peza
Rodrigo de la Peza López Figueroa, juez noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, aseguró que “sí” tiene jurisdicción en la orden que emitió para designar a dos magistrados que faltan para completar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y sostuvo que el tema no es político, sino jurídico.
“Justo ése es el tema, la discusión está ahorita sobre mi competencia; es un tema jurídico, interesante y difícil. Yo considero que sí tengo jurisdicción, porque yo estoy viendo un juicio de amparo y es de mi jurisdicción. Esta es una medida cautelar que se dispone en la Ley de Amparo para mantener cierto estado de cosas, que no violen derechos humanos”, destacó.
En entrevista con La Razón, aseguró que no tiene ninguna “afinidad” política, ante los cuestionamientos que han realizado políticos de Morena sobre la constante suspensión de proyectos que provienen del Ejecutivo y el Legislativo.
La mañana de ayer, la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el juez no cuenta con ninguna jurisdicción en materia electoral, por lo que se le debe investigar, ya que se tiene que analizar su intención de que sea el TEPJF quien nombre a los magistrados.
“Yo le preguntaría a Claudia Sheinbaum por qué es político. Es una cuestión meramente jurídica, aunque tiene muchos impactos políticos y eso lo entiendo. Respeto mucho las posturas, pero no las comparto, pues es una discusión muy importante que me parece bien que se ventile”, dijo.
Señaló que si la virtual Presidenta electa considera que se le tiene que indagar, “que se me investigue, ya que no tengo nada que ocultar”. Indicó que lo importante es el tema de la independencia judicial: fuera de eso, “está muy bien que la opinión pública opine y escudriñe cómo trabajamos los funcionarios públicos”.
El juez De la Peza López Figueroa dijo que en su resolutivo consideró que la falta de integración del TEPJF del Poder Judicial afecta derechos humanos. Además, señaló estar de acuerdo con que el Tribunal es la máxima autoridad en materia electoral, por lo que puntualizó, “jamás me entrometería” en sus asuntos.
Sobre los juicios político y penal que alistan desde Gobernación y el TEPJF en su contra, aseguró tener miedo, ya que consideró que hay un embate sobre su persona.
“Lo que pasa es que los jueces normalmente trabajamos en la privacidad y en la soledad de nuestra oficina y tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras manos; entonces, si se hace público, como se está haciendo ahorita mi identidad, en un país violento, pues entonces me da miedo de correr peligro porque hay mucha gente que toma las opiniones de ciertos agentes políticos casi como una orden para cometer crímenes; entonces, eso es a lo que yo le tengo miedo”, agregó.
Reiteró que, sin ninguna afinidad política, prefiere que sus sentencias hablen por él, pues dijo que, si bien hay sentencias que se considera que están en contra de los políticos, también hay sentencias que no. “No debo tener ninguna afinidad política en mis decisiones y soy imparcial”, sostuvo.
