Jueces y magistrados lanzaron un ultimátum para que se detenga la reforma al Poder Judicial, se plantee una nueva y programada, a la vez que ratificaron su intención de ir a un paro nacional si no son escuchados. Pidieron a la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, detener el proceso.
Al exterior de la sede judicial en San Lázaro, decenas de trabajadores judiciales externaron una vez más su rechazo al proyecto con el que Morena y sus partidos aliados, a petición del Presidente por medio de una iniciativa de reforma, buscan que jueces, ministros y magistrados sean electos por medio del voto popular; es decir, una elección abierta a la ciudadanía, como se hace con los cargos de gobierno.
Sobre la entrada de la sede fueron colocadas grandes mantas para hacer notar sus llamados: “¡Juzgar no es asunto de popularidad. Basta de mentiras, el Poder Judicial es un poder honesto!”.
También se lanzaron contra los foros organizados por la Cámara de Diputados, a los que nuevamente calificaron como una “simulación”.
La jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), fue la encargada de leer el manifiesto en donde invitan a la próxima Presidenta a enfrentar el asunto con “asertividad” y que esto se convierta en la “bandera” de su administración.
Así fue que solicitaron a Sheinbaum Pardo abrir el diálogo para que el proceso legislativo sea sin apresuramiento y que se establezca un calendario preciso para diagnosticar, discutir, diseñar y redactar la reforma.
“Al amparo de nuestro deber de defender la independencia judicial, las personas juzgadoras pedimos a la legislatura y Gobierno entrantes que detengan en septiembre el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada”, dijeron.
En caso de ser escuchados y que su petición sea tomada en cuenta, aseguraron que los más de 50 mil trabajadores apoyarán las mejores propuestas de reforma a la Constitución y las leyes que se impulsen en el Congreso.
De no ser así, advirtieron que irán a una suspensión temporal “en uso de un derecho de rango máximo”, y que es vista como la “última medida” con la que insistirán en que la reforma sea integral y producto de consenso.
“Septiembre de 2024 puede convertirse en una fecha fatídica para el país si el Congreso entrante y la futura Presidenta se empeñan en aprobar esa iniciativa, haciendo oídos sordos de tantas advertencias y menospreciando propuestas alternativas de mejor factura”, señalaron.
En una crítica a la reforma, advirtieron que esta iniciativa “ofrecerá” al país que haya tribunales sin independencia ni garantías de imparcialidad y funcionarios y empleados judiciales “faltos de vocación”.
Señalaron que éstos podrían llegar sin el conocimiento profundo del sistema normativo y “muy probablemente comprometidos con intereses predeterminados”.
“A ese resultado lamentable llevarían el sistema de elección popular de personas juzgadoras federales, la destrucción del mecanismo de la carrera judicial, la creación de un meta-tribunal disciplinario que decidirá con arreglo a causales de responsabilidad ambiguas y la reducción de prestaciones legalmente obtenidas”, señalaron en un segundo posicionamiento.
Por ello, recordaron que voces de la academia, la sociedad civil y de la Judicatura han expuesto sus opiniones y señalado lo que ven como defectos de la iniciativa.
Agregaron: “Si bien se ve, la iniciativa no está orientada a dar solución a los verdaderos problemas del acceso a la justicia de la ciudadanía”.
