Una vez aprobado el Plan B de Reforma Electoral por el Congreso de la Unión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) volvió a pronunciarse sobre el tema para “abonar” al debate que persiste, mediante argumentos en los que insiste que el proyecto no atenta contra la autonomía y funciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
El órgano presidido por Rosario Piedra Ibarra aseguró que los nuevos cambios avalados buscan adaptar la estructura del INE a “los nuevos tiempos”, pues afirma que para México la existencia de un árbitro electoral imparcial, austero, transparente, eficaz y honesto “ha sido una deuda histórica”.
“El proyecto de decreto no plantea cambios irracionales atentatorios de la Constitución o de los derechos políticos de la ciudadanía (…) no se advierte alguna situación derivada del contenido de las normas aprobadas que obligue a presumir que se comprometerá el debido ejercicio de las funciones electorales, pues la afirmación de que así será se basa en especulaciones y no en contrastes directos y objetivos y abstractos con la Constitución”, aseguró.-
En el discurso predominó un mensaje contra el ejercicio presupuestario del Instituto y de quienes lo integran, pues señala que la reforma eliminó “los excesos” en los que se han incurrido y que han servido para “mantener vicios que por años han manchado nuestros procesos electorales, incluido el actual”.
Apunta también que los institutos como el órgano electoral están obligados a acatar el principio de austeridad, porque ejercen gasto público.
Sobre esto, acusó que el INE “inobservó” dichos principios de austeridad, ya que se ha caracterizado por “abusos” en el gasto, que lo han llevado a constituirse como uno de los organismos más costosos del mundo.
Asimismo, reprocha la negativa que el Instituto mostró para la realización de la consulta sobre el juicio a exfuncionarios.
