El Programa de Vacunación Universal (PVU), cuya finalidad es reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por inmunización, registró un subejercicio financiero del 65 por ciento al tercer trimestre de este año.
De acuerdo con un informe presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión, los recursos aprobados para la operación de este programa entre enero y septiembre de este año fueron por 14 mil 26.9 millones de pesos.
No obstante, este programa, a cargo del Centro Nacional para la Infancia y la Adolescencia (Censia) de la Secretaría de Salud (Ssa), sólo erogó cuatro mil 900.7 millones de pesos, por lo que nueve mil 126.2 millones dejaron de ser gastados.
Uno de sus objetivos, al ser “una de las principales asignaturas del Gobierno Federal” —como se le describe en la página oficial—, es también alcanzar y mantener coberturas de vacunación del 95 por ciento por biológico y el 90 por ciento de cobertura con esquema completo en cada grupo de edad.
Sin embargo, al menos durante el 2021, únicamente el 27.5 por ciento de niñas y niños de un año de edad contaron con el esquema completo de vacunación ordinaria en el país, como lo dio a conocer La Razón en agosto pasado, con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021.
La tasa de cobertura del esquema ordinario para este año aún no ha sido precisada por las autoridades del país.
Sin embargo, en el Cuarto Informe de Labores presentado al Congreso, la Ssa detalló que, de septiembre del 2021 a junio del 2022, en las unidades médicas de IMSS-Bienestar se aplicaron cuatro millones 435 mil 892 dosis de vacunas, de las cuales un millón 594 mil 350 corresponden al esquema básico para menores de ocho años y otros dos millones 624 mil 882 a la vacuna contra la influenza estacional.
Aunado a esto, hace un par de semanas la directora general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, advirtió que la caída en las tasas de vacunación, como efecto de la pandemia por Covid-19, aumenta el riesgo de brotes de poliomielitis, sarampión y otras enfermedades en la región de las Américas.
El panorama a futuro para el PVU no es favorable, pues en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023, que el Congreso recibió en septiembre pasado, se le proyectó un recorte equivalente al 54 por ciento de recursos, en comparación con el monto aprobado para el 2022.
Y es que, mientras para este año se asignaron 30 mil 314 millones 344 mil 22 pesos, para el próximo se contempla un gasto de solamente 14 mil 21 millones 841 mil 653 pesos.
No obstante, la priista Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados, dio a conocer que se ha propuesto un incremento de seis mil 900 millones 125 mil 222 pesos al Programa de Vacunación, con motivo de la próxima discusión del Presupuesto de Egresos, cuyo dictamen deberá ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre.
A esta crisis que atraviesa la inmunización en México, se suman las anomalías que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y que, entre sus consecuencias, tuvo el vencimiento de nueve mil 779 vacunas para proteger a la población contra sarampión, rubéola y parotiditis.
El subejercicio en el PVU forma parte del que también se observó a nivel general en el sector salud por 28 mil 619.9 millones de pesos, pues durante el mismo periodo se autorizó la erogación de 134 mil 673.6 millones, de los que únicamente se utilizaron 106 mil 53.7 millones de pesos.
Dentro de las principales causas de variación en el gasto durante el mismo periodo, además del PVU también se dejó de ejercer una cantidad inferior a la establecida en el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
Para éste, el monto aprobado hasta septiembre fue de 58 mil 270.5 millones de pesos, pero sólo se utilizaron 53 mil 92.4 millones.
Otro programa con un gasto significativamente menor fue el de Fortalecimiento a la Atención Médica, cuya tarea es “acercar los servicios de salud a la población que habita zonas marginadas, con alta dispersión y difíciles condiciones de acceso debido a su ubicación geográfica”.
Para su implementación fueron autorizados mil 83.1 millones de pesos, pero solamente 538 millones fueron gastados, lo que se traduce en un subejercicio del 50.3 por ciento de los recursos.