Ante la proyectada reforma al Poder Judicial (PJ) que plantea la elección de jueces y ministros por voto popular, especialistas y autoridades en el tema reconocieron que es necesario un cambio, pero en el sistema de justicia en su conjunto, por lo que plantearon orientarla en corregir también la falta de personal, de una justicia expedita e imparcial y de temas de nepotismo, pero además hacerles frente a los bajos niveles de denuncia.
Señalaron que los niveles de impunidad no dependen exclusivamente de los jueces que reportan altos estándares de eficiencia en su tarea, sino de factores como los anteriormente expuestos. Y es que nueve de cada 10 delitos no son denunciados debido a la desconfianza de las víctimas en las autoridades, y de esos, sólo tres llegan a manos de un juez, aunado a la carga de trabajo que tienen por falta de personal, con dos mil 165.61 expedientes por cada uno, en promedio.
Por ello, el senador del PAN, Damián Zepeda, y el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Francisco Burgoa, aseguraron a La Razón que no se puede culpar a los jueces, magistrados y ministros de que el Poder Judicial “esté podrido”, como se argumentó en la iniciativa presidencial.
Advirtieron que dicha reforma promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, representa un amplio riesgo de que los jueces y magistrados respondan a intereses políticos y se abra la puerta a la intromisión del crimen organizado para tener a sus “jueces favoritos o de cabecera”.
Pero del 10 por ciento que se denuncia, en siete por ciento solamente se abre una carpeta de investigación, y de ese siete por ciento sólo el tres por ciento llega al juezDamián Zepeda, Senador del PAN
Planteó que la solución al tema del PJ debe ser más amplia, a través de una reforma integral al sistema de justicia completo, y no simplemente buscar, mediante el voto popular, la elección de sus integrantes.
Destacó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que dan cuenta de que, del 100 por ciento de los delitos, 90 ni siquiera son denunciados en México, lo cual se refleja en un alto nivel de impunidad.
“Cuando le pregunta el Inegi a los mexicanos por qué no denuncias, más del 60 por ciento de las respuestas tiene que ver con una causa atribuible al gobierno; es decir, dicen: ‘porque no vale la pena, que me va a costar dinero, hay mucha corrupción, porque es una perdedora de tiempo, porque no pasa nada, no sirve para nada’.
“Pero del 10 por ciento que se denuncia, en siete por ciento solamente se abre una carpeta de investigación, y de ese siete por ciento sólo el tres por ciento llega al juez. Entonces, de 100 delitos, tres llegan a un juez nada más”, aseguró.
Para Francisco Burgoa existe la percepción genérica de que los jueces de Distrito tienen una enorme carga de trabajo, lo que implica una ralentización en la solución de los expedientes, y ejemplificó que un amigo le señaló que llegaron a su juzgado ocho mil asuntos, cuando apenas va a concluir la primera mitad del año.
“Ahora de que se les diga que sea, en términos generales, los jueces, los magistrados, los ministros, todos son corruptos y nepotismo, definitivamente no; que hay problemas que atender, definitivamente sí, por supuesto, y esos problemas tienen que ver con la resolución de los asuntos de una forma pronta, expedita e imparcial”, expuso.
(…) hay problemas que atender, definitivamente sí, por supuesto, y esos problemas tienen que ver con la resolución de los asuntos de una forma pronta, expedita e imparcialFrancisco Burgoa, Catedrático de la UNAM
Descalificó los señalamientos en contra de los juzgadores para llevar a cabo la reforma judicial, porque nada más se da en la forma de poder elegir a todas las personas juzgadoras por voto popular directo, “y eso no va a resolver el fondo, que es cómo garantizar que esa justicia sea realmente pronta, completa e imparcial, y esto es algo que no atiende esta iniciativa”.
“Democratizadora, justa y necesaria” reforma al PJ
Mientras la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, asegura que la reforma al Poder judicial (PJ) es “democratizadora, justa y necesaria”, pues el pueblo de México exige poner fin a la impunidad, la corrupción; Marko Cortés, dirigente de Acción Nacional, dijo que la aprobación de una reforma judicial implicaría “enormes riesgos”, entre ellos la “politización de la justicia”.
A través de un artículo titulado Transformar el Poder Judicial para garantizar la justicia y consolidar la democracia, la senadora Ana Lilia Rivera, afirmó que la separación de poderes debe tender a la cooperación armónica entre los órganos del Estado, para que la voluntad popular se exprese y materialice en leyes, instituciones y decisiones en beneficio del pueblo.
Denunció que, actualmente, el PJ no coopera, sino que bloquea las transformaciones impulsadas por el Ejecutivo Federal, las cuales son requeridas por el proceso democratizador actual y no está en armonía con las demandas de la ciudadanía.
Por su parte, Cortés Mendoza expuso que se deben considerar estos y otros riesgos que, lejos de fortalecer el sistema de justicia, más bien podrían afectar la independencia, imparcialidad e idoneidad en la impartición de justicia.
Entre los riesgos, mencionó la politización de la justicia, pues la elección de jueces y magistrados se convertiría en un proceso altamente politizado, habida cuenta de que los candidatos podrían ser seleccionados en función de su afiliación política en lugar de su idoneidad y capacidad para ejercer.
Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Senadores detalló que no es sinónimo de que los jueces y magistrados vayan a emprender campañas electorales a través de algún partido político, sino que tendrían acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión.
Con información de Ulises Soriano y Claudia Arellano
