Tras advertir que por cada candidato atacado por el crimen organizado la participación ciudadana en las elecciones se reduce 1.3 por ciento, la organización Data Cívica reveló que del 1 de enero del 2018 al 13 de abril del 2024 se han registrado en México mil 777 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de políticos.
Citó como ejemplos de cómo impacta la violencia política-criminal en el ánimo de los votantes hechos ocurridos en los procesos electorales del 2018 y el 2021 en Tlaquepaque, Jalisco, donde la participación electoral disminuyó de 54 a 21 por ciento entre una y otra elección, tras el ataque a un regidor hace seis años, que tres años después aumentó a tres agresiones en el mismo municipio.
En Apaseo el Grande, Guanajuato, se tuvo una caída de la participación de 50 a 39 por ciento tras el asesinato de un candidato a regidor en el 2018 y dos militantes de partidos en el 2021.
De acuerdo con el informe “Votar entre Balas: Entendiendo la violencia político-criminal en México”, los municipios son las zonas del país donde se presenta la mayor cantidad de ataques, al contabilizar 77 por ciento, y un dato que revela el incremento de la violencia electoral es que una de cada cinco agresiones ocurrió entre enero y el 13 de abril de este 2024, puesto que del 2018 al 2023 se contabilizaron mil 400 víctimas, mientras que este año se reportan 377 (21 por ciento del total de mil 777).
Este tipo de ataques afecta en la percepción de la gente que vota, pues lo que quiere el crimen es precisamente mantener esa percepción de temorSandra Ley<br>Investigadora de Data Cívica
Itzel Soto, investigadora del organismo, aseguró que la delincuencia se ha convertido en una herramienta por parte de grupos del crimen organizado para influir en la vida pública de los estados y municipios.
La organización subrayó que hubo un aumento en el número de víctimas tras el proceso electoral del 2018, misma situación que ocurrió en el 2022: “Esto puede ser un reacomodo en los grupos criminales para buscar protección por parte de las autoridades”.
Detalló que, por ejemplo, desde el 7 de septiembre del 2023, en 581 municipios donde habita el 60 por ciento de la población, ha habido al menos una víctima de violencia extrema. Además, dijo que, a lo largo de casi dos décadas, el crimen organizado ha diversificado e intensificado sus estrategias para incidir en la política local mexicana.
Explicó que Morena representa el 26 por ciento de los políticos con algún tipo de ataque, mientras que la coalición PRI, PAN y PRD registra un 40 por ciento del total de víctimas: “No vemos un patrón de los partidos que han sido atacados, sino más bien es de todos los partidos”.
La investigadora Sandra Ley señaló que entre 2006 y 2012 se registraron 311 ataques, mientras que en los últimos cinco años suman 835 ataques, “lo que significa que ya se triplicó el número de ataques; esto es más violencia que en el periodo calderonista”.
Señaló que los grupos del crimen se han expandido en la mayor parte del territorio nacional, exceptuando estados como Baja California Sur, aunque acentuó que está rodeado con entidades violentas.
Dijo que el país debe estar preocupado de lo que pasa, ya que la violencia va en aumento a medida que pasan los años y se expanden los grupos criminales.
“Este tipo de ataques afecta en la percepción de la gente que vota, pues lo que quiere el crimen es precisamente mantener esa percepción de temor”, explicó la experta.
Sandra Ley apuntó que los ataques “sí están dejando su huella en la democracia”, lo que socava el derecho de la gente a salir a las urnas”. Por ello, sostuvo que los ataques son sólo la herramienta más visible de los criminales, cuando en la realidad cuentan con más controles en los municipios.
